El programa de regularización de “autos chuecos” que pretende llevar a cabo el gobierno del estado de Baja California es ilegal, porque no es avalado por la federación y representaría no sólo un duro golpe para las empresas distribuidoras de autos nacionales nuevos y usados, propiciaría además el aumento en el contrabando de vehículos.
Así lo advirtió Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), quien indicó que el gobierno federal no trabaja actualmente en ningún decreto dirigido a la regularización de vehículos que fueron internados ilegalmente al país, además la misma autoridad interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la creación del instituto de verificación “Vehicular y Combate a la Contaminación”, creado mediante iniciativa del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aprobado por el Congreso de Baja California.
En entrevista telefónica, desde la Ciudad de México, el directivo indicó que el presidente ha sido claro en este sentido, y las acciones que lleva a cabo el gobierno del estado de Baja California no tienen sustento.
La argumentación interpuesta por la federación deja en claro la irregularidad de las acciones promovidas por el gobernador Bonilla.
Dijo que esta acción por parte del gobierno de Baja California coincide con las promociones que realizan diferentes organizaciones con Anapromex y la Onappafa, que lo único que hacen es confundir y generar una expectativa no fundada y, finalmente, se puede convertir en la afectación al patrimonio de la gente que confía en ellos.
Destacó que no hay una regularización, no se está trabajando en ella y la invitación a la gente sería que no confìen en quienes hacen la convocatoria, cobrando cuotas, afiliaciones y otras.
“Quien esté pensando en comprar un auto chueco, pensando que va a tener pronto una solución de regularización, no hay tal. Que tenga plena conciencia de que si toma esa decisión está arriesgando su patrimonio, con la posibilidad de enfrentar problemas legales en caso de una acción del Servicio de Administración Tributaria (SAT), o cualquier otro organismo federal”, recalcó.
“Creo que el gobernador de Chihuahua, Corral, ha sido muy claro también en expresar que no están pensando en una regularización. De hecho, han anunciado acciones de la Fiscalía General del Estado para hacer detenciones de los vehículos de contrabando y con esto queda claro que no deben dejarse engañar”, apuntó.
También destacó que en caso de que hubiera una regularización, que no se está viendo, confiando en lo que ha hecho y ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, “en esta crisis que estamos pasando en México y en el mundo sería un golpe demoledor para los 135 mil empleos que dependen directamente de las distribuidoras de vehículos, más todo lo que está relacionado con la industria automotriz”, enfatizó.
Al referirse al argumento de que se trata de modelos viejos, destacó que es una cadena porque la entrada masiva, indiscriminada y sin ninguna regla de este tipo de vehículos, impacta en el mercado secundario de los vehículos usados de modelos comparables con los que se introducen y eso retrasa la cadena de compra de los vehículos nuevos.
Explicó que quien sale a vender un vehículo usado de 8, 10 años o más lo hace con el fin de adquirir uno de modelo más reciente, a lo mejor de 4 o 5 años y/o lo compra en el mercado formal, en los lotes o distribuidoras o directamente a un particular. La entrada de vehículos chuecos inhibe el mercado formal y tiene una afectación para quienes han pagado año con año sus contribuciones para tener un vehículo nacional y ven depreciados el costo de venta de su unidad.
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