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Promueven juicio político contra exgobernador Duarte

  • El Heraldo De Chihuahua
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CHIHUAHUA, Chih., (OEM-Informex).– El Ejecutivo Estatal promoverá un juicio político al exgobernador César Duarte por afectación a los intereses públicos al manejar de forma indebida más de 6 mil millones de pesos durante su sexenio, con lo que buscará inhabilitarlo para ejercer cargos públicos en un futuro e imponerle una multa administrativa para restituir al erario los recursos sustraídos. El juicio político lo realiza el Congreso del Estado y puede llevarse incluso en ausencia del acusado, actualmente prófugo y presumiblemente refugiado en Estados Unidos; la denuncia en el caso de Duarte contendrá como evidencias los procesos judiciales por los que están presos exfuncionarios de su administración y nuevas acusaciones que se integran actualmente al expediente del exgobernador. Hasta la fecha, de acuerdo con información extraoficial, se analiza si la denuncia correspondiente ante el Congreso del Estado se presenta en el actual periodo de receso de la legislatura o al comenzar el siguiente periodo ordinario de sesiones, en el mes de septiembre, porque la Constitución Política establece como límite para la promoción del juicio hasta un año después de concluido el cargo público. La denuncia puede ser promovida por cualquier ciudadano o instancia pública y una vez presentada, el Congreso del Estado deberá decidir si la admite o no, con el voto de más de la mitad de los diputados presentes en una sesión en la que sea agendado el asunto. De admitirse, el presidente del Congreso deberá conformar una Comisión Jurisdiccional, la cual tendrá a su cargo la valoración de las pruebas que se presenten contra el acusado, para determinar si se acreditan los actos ilegales denunciados, además de que deberá notificar oficialmente al exgobernador del procedimiento iniciado en su contra, dándole un plazo para que responda a los señalamientos y ofrezca lo que considere necesario en su defensa. Una vez realizado el procedimiento, la comisión especial deberá elaborar un dictamen fundamentado sobre los hechos denunciados y la responsabilidad o no que se le pretenda imputar a Duarte Jáquez, resultado que deberá presentar al pleno del Legislativo, para su votación. En esta etapa de jurado se requiere la mayoría calificada para aprobar o rechazar el dictamen de la comisión instructora, es decir 22 o más de los 33 legisladores. El juicio político es independiente de las denuncias penales que actualmente están vigentes y las sanciones administrativas que contempla la máxima norma estatal, van desde la inhabilitación hasta la reparación del daño. “Las sanciones que se establezcan por responsabilidad administrativa consistirán en suspensión, destitución, inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y reparación pecuniaria, debiendo fijarse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos y los daños y perjuicios ocasionados, pero sin que puedan exceder de tres tantos sobre la cuantificación de unos u otros”, señala el texto constitucional en su artículo 187. De acuerdo con la Constitución Política del Estado, el procedimiento deberá iniciarse antes del año de la separación, que se cumple en octubre, el Congreso del Estado deberá determinar y aplicar las sanciones en el transcurso de un año como máximo, a partir de iniciado el procedimiento y si éste procede.

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