/ jueves 27 de febrero de 2020

Preparan el desafuero de Magistrado

Una vez que el Pleno del Congreso del Estado se constituya en jurado de procedencia, dará inicio con la sesión extraordinaria convocada ayer por la mañana a través del presidente de la Mesa Directiva, René Frías

Una vez que el Pleno del Congreso del Estado se constituya en jurado de procedencia, dará inicio con la sesión extraordinaria convocada ayer por la mañana a través del presidente de la Mesa Directiva, René Frías, donde únicamente darán lectura y efectuarán la votación del dictamen de la declaración de procedencia del magistrado Ramírez Alvídrez.

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Si la mayoría simple de los diputados presentes, 50% más 1, determinan que ha lugar a proceder en contra del magistrado, se emitirá resolución de procedencia (desafuero) separándolo inmediatamente de su empleo, cargo o comisión y quedando sujeto a la jurisdicción de la autoridad, en este caso del ministerio público de la FGE, según refiere el artículo 29 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Si se resuelve que no ha lugar a proceder por la mayoría simple requerida, no se podrá iniciar procedimiento alguno por hechos idénticos, y el servidor público continuará en el desempeño de sus funciones, sin que ello constituya obstáculo para que la imputación continúe su curso, una vez concluido el ejercicio de su cargo, así lo explica el artículo 30 de la ley referida.

Cabe recordar que el documento que presentó la Comisión Jurisdiccional a la presidencia del Congreso del Estado, fue el dictamen en sentido negativo, donde cuatro de los cinco diputados de dicha Comisión determinaron que no ha lugar a proceder en contra de la persona imputada; únicamente la diputada Georgina Bujanda resolvió en que el MP de la FGE estableció la existencia de un hecho de que la ley señala como delito y la probabilidad de que Ramírez lo cometió o participó en comisión.

Por lo anterior, al ir el dictamen en sentido negativo, aquellos diputados que estén a favor del desafuero deberá emitir su voto en contra del dictamen; y aquellos legisladores que estén en contra del desafuero, emitirán su voto a favor. De acudir los 33 diputados, la mayoría simple serían 17; el quorum para desahogar la sesión es de 17 diputados, es decir, la mayoría simple serían 9 diputados.

Una vez que el Pleno se constituya en jurado de procedencia, según el artículo 28, la Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen o una síntesis que contenga los puntos sustanciales y las conclusiones de la Comisión Jurisdiccional; dicha Comisión podrá replicar y, si lo hiciere, a la persona imputada o a su defensa se le concederá el uso de la palabra hasta por treinta minutos para que manifieste lo que a sus intereses convenga.

Además la Presidencia de la Mesa Directiva solicitará que tanto el MP así como Jorge Ramírez y sus abogados se retiren del recinto para deliberar; el jurado de procedencia, es decir el Pleno, discutirá y votará las conclusiones propuestas por la Comisión Jurisdiccional.

Tanto la sesión como la votación de hoy serán a puerta cerrada y privada, según el artículo 40, por lo que solo accederán los legisladores, el magistrado y sus abogados, así como los ministerios públicos de la FGE que llevan la investigación del tipo penal.

Una vez que el Pleno del Congreso del Estado se constituya en jurado de procedencia, dará inicio con la sesión extraordinaria convocada ayer por la mañana a través del presidente de la Mesa Directiva, René Frías, donde únicamente darán lectura y efectuarán la votación del dictamen de la declaración de procedencia del magistrado Ramírez Alvídrez.

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Si la mayoría simple de los diputados presentes, 50% más 1, determinan que ha lugar a proceder en contra del magistrado, se emitirá resolución de procedencia (desafuero) separándolo inmediatamente de su empleo, cargo o comisión y quedando sujeto a la jurisdicción de la autoridad, en este caso del ministerio público de la FGE, según refiere el artículo 29 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Si se resuelve que no ha lugar a proceder por la mayoría simple requerida, no se podrá iniciar procedimiento alguno por hechos idénticos, y el servidor público continuará en el desempeño de sus funciones, sin que ello constituya obstáculo para que la imputación continúe su curso, una vez concluido el ejercicio de su cargo, así lo explica el artículo 30 de la ley referida.

Cabe recordar que el documento que presentó la Comisión Jurisdiccional a la presidencia del Congreso del Estado, fue el dictamen en sentido negativo, donde cuatro de los cinco diputados de dicha Comisión determinaron que no ha lugar a proceder en contra de la persona imputada; únicamente la diputada Georgina Bujanda resolvió en que el MP de la FGE estableció la existencia de un hecho de que la ley señala como delito y la probabilidad de que Ramírez lo cometió o participó en comisión.

Por lo anterior, al ir el dictamen en sentido negativo, aquellos diputados que estén a favor del desafuero deberá emitir su voto en contra del dictamen; y aquellos legisladores que estén en contra del desafuero, emitirán su voto a favor. De acudir los 33 diputados, la mayoría simple serían 17; el quorum para desahogar la sesión es de 17 diputados, es decir, la mayoría simple serían 9 diputados.

Una vez que el Pleno se constituya en jurado de procedencia, según el artículo 28, la Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen o una síntesis que contenga los puntos sustanciales y las conclusiones de la Comisión Jurisdiccional; dicha Comisión podrá replicar y, si lo hiciere, a la persona imputada o a su defensa se le concederá el uso de la palabra hasta por treinta minutos para que manifieste lo que a sus intereses convenga.

Además la Presidencia de la Mesa Directiva solicitará que tanto el MP así como Jorge Ramírez y sus abogados se retiren del recinto para deliberar; el jurado de procedencia, es decir el Pleno, discutirá y votará las conclusiones propuestas por la Comisión Jurisdiccional.

Tanto la sesión como la votación de hoy serán a puerta cerrada y privada, según el artículo 40, por lo que solo accederán los legisladores, el magistrado y sus abogados, así como los ministerios públicos de la FGE que llevan la investigación del tipo penal.

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