A la espera del informe que emitirá la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en cuestión del presunto fraude de 2.5 millones de pesos durante la pasada administración, lo indicado por la síndica municipal, Dalila Villalobos, quien señaló que se estará revisando quienes son los titulares y domicilios de las personas que recibieron las 22 trasferencias que se realizaron por el personal del área de tesorería. “Seguimos al pendiente de esta investigación y en constante comunicación con la Fiscalía General del Estado para que se esclarezca este hecho y que se giren órdenes de aprehensión”.
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La síndica del municipio de Parral, Dalila Villalobos, informó que permanece dando el seguimiento al presunto fraude de dos millones de pesos cometido durante la pasada administración, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos.
Detalló que actualmente se encuentra a la espera del informe que será emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que brinden datos sobre los titulares de las cuentas a donde fueron depositados las más de 22 transferencias.
Además, indicó que a través de esto se busca que se logre obtener también los domicilios de los titulares involucrados en estas transacciones, para que sea integrado a la carpeta de investigación y la Fiscalía General del Estado pueda actuar por medio de órdenes de aprehensión.
“Por medio de este informe se espera que se adquieran más datos para esta ficha informativa, lo necesario para que la FGE lleve las intervenciones correspondientes”, así lo expresó Dalila Villalobos, síndica municipal.
Es de señalar que el supuesto fraude fue cometido durante febrero del presente año cuando mediante una llamada, estafadores se hicieron pasar por la Tesorera del Municipio y robaron casi 2 millones y medio de pesos, según dio a conocer la Fiscalía General del Estado en la Zona Sur.
Señalaron que los presuntos estafadores se comunicaron con personal de Tesorería haciéndose pasar por la titular, donde indicaron que se habían comunicado por parte de la Auditoría Superior de la Federación y solicitaban el pago de unos convenios de adhesión que se encontraban vencidos.
“Existe una coordinación entre autoridades y el gobierno, por lo que se busca un fin común que es dar con los responsables de este fraude y que se finquen las respectivas responsabilidades ante la ley”.
