/ martes 19 de marzo de 2024

Manifestaciones a favor de César D. son un derecho de los ciudadanos, coinciden los partidos

Sin embargo, también destacaron que esto no repercute en las decisiones de los jueces

Coinciden PRI y PAN en que las manifestaciones son un derecho que tienen todas las personas; sin embargo, que esto no repercute en las decisiones de los jueces. Por otra parte, México Republicano consideró que las acciones del Poder Judicial son ilegales y que es justo que deba estar en prisión domiciliaria. Lo anterior, debido a la manifestación que se realizó esta mañana en Chihuahua, donde decenas de parralenses acudieron para exigir que se le dé prisión domiciliaria a César D.

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Este martes se llevó a cabo una manifestación en el exterior de la Ciudad Judicial en la capital del estado, destacando que de Parral salieron tres camiones para acudir a la marcha, todo bajo la organización de José Caro, exsíndico de Parral.

En este sentido, se informó que en el lugar mencionado se reunieron más de 600 personas, según lo informó el organizador de la marcha, y que terminando acudieron marchando al Palacio de Gobierno para entregarle una carta a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En este sentido, las dirigencias de los partidos como PRI y PAN han emitido su posicionamiento respecto a la manifestación, en donde coincidieron que son derechos que deben hacerse valer.

En primera instancia, Avril Carmona Pérez, dirigente municipal del PRI, dijo que todos los mexicanos tienen derecho a manifestarse; sin embargo, señaló que esto no forma parte de las decisiones que dicten los jueces y magistrados.

“Es muy respetable, es su derecho de expresión y manifestación, nosotros tenemos que respetar las instituciones en cuestión de la prisión domiciliaria no obedece ni se satisface por una manifestación de personas”, expresó la entrevistada.

Así también, dijo que es un proceso legal el que debe enfrentar el exgobernador César Horacio y destacó que las manifestaciones no intervienen en las decisiones, por lo que estarán a la espera de lo que dicten las autoridades.

Por su parte, Nora Elena Bueno Gardea, presidenta del comité municipal del PAN, explicó que el caso del exgobernador está en manos de la justicia de Chihuahua, recordando que el detenido realizó uno de los atracos más grandes de la historia de la entidad.

Agregó que el PAN confía en las autoridades judiciales para llevar a cabo el proceso de enjuiciamiento en contra del exmandatario, considerando que es necesario una sentencia debidamente justa y que abone al desarrollo de la justicia en México.

Finalmente, Rocío Allende dirigente local del Partido México Republicano, añadió que como abogada desconoce los motivos por los que el exgobernador permanece detenido, ya que como lo marca la ley, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario; en el caso de D. J., aún no hay sentencias declaradas, por lo que es ilegal que permanezca detenido.

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Ante esto, subrayó que lo más justo sería que se le brinde el arraigo domiciliario, que es lo legal para ese tipo de casos, además recalcó que esta medida que considera no es porque haya sido gobernador o no, sino porque todas las personas gozan de los mismos derechos.

Coinciden PRI y PAN en que las manifestaciones son un derecho que tienen todas las personas; sin embargo, que esto no repercute en las decisiones de los jueces. Por otra parte, México Republicano consideró que las acciones del Poder Judicial son ilegales y que es justo que deba estar en prisión domiciliaria. Lo anterior, debido a la manifestación que se realizó esta mañana en Chihuahua, donde decenas de parralenses acudieron para exigir que se le dé prisión domiciliaria a César D.

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Este martes se llevó a cabo una manifestación en el exterior de la Ciudad Judicial en la capital del estado, destacando que de Parral salieron tres camiones para acudir a la marcha, todo bajo la organización de José Caro, exsíndico de Parral.

En este sentido, se informó que en el lugar mencionado se reunieron más de 600 personas, según lo informó el organizador de la marcha, y que terminando acudieron marchando al Palacio de Gobierno para entregarle una carta a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En este sentido, las dirigencias de los partidos como PRI y PAN han emitido su posicionamiento respecto a la manifestación, en donde coincidieron que son derechos que deben hacerse valer.

En primera instancia, Avril Carmona Pérez, dirigente municipal del PRI, dijo que todos los mexicanos tienen derecho a manifestarse; sin embargo, señaló que esto no forma parte de las decisiones que dicten los jueces y magistrados.

“Es muy respetable, es su derecho de expresión y manifestación, nosotros tenemos que respetar las instituciones en cuestión de la prisión domiciliaria no obedece ni se satisface por una manifestación de personas”, expresó la entrevistada.

Así también, dijo que es un proceso legal el que debe enfrentar el exgobernador César Horacio y destacó que las manifestaciones no intervienen en las decisiones, por lo que estarán a la espera de lo que dicten las autoridades.

Por su parte, Nora Elena Bueno Gardea, presidenta del comité municipal del PAN, explicó que el caso del exgobernador está en manos de la justicia de Chihuahua, recordando que el detenido realizó uno de los atracos más grandes de la historia de la entidad.

Agregó que el PAN confía en las autoridades judiciales para llevar a cabo el proceso de enjuiciamiento en contra del exmandatario, considerando que es necesario una sentencia debidamente justa y que abone al desarrollo de la justicia en México.

Finalmente, Rocío Allende dirigente local del Partido México Republicano, añadió que como abogada desconoce los motivos por los que el exgobernador permanece detenido, ya que como lo marca la ley, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario; en el caso de D. J., aún no hay sentencias declaradas, por lo que es ilegal que permanezca detenido.

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Ante esto, subrayó que lo más justo sería que se le brinde el arraigo domiciliario, que es lo legal para ese tipo de casos, además recalcó que esta medida que considera no es porque haya sido gobernador o no, sino porque todas las personas gozan de los mismos derechos.

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