/ sábado 18 de junio de 2022

Atiende CEDH queja colectiva por desplazamientos forzados en Gpe. y Calvo

De junio de 2021 a junio de 2022 suman 300 casos de desplazamientos forzados, consecuencia de la violencia del crimen organizado

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio a conocer que de junio de 2021 a junio de 2022 un total de 300 personas pertenecientes a comunidades de Guadalupe y Calvo se ven afectadas por el desplazamiento forzado, consecuencia de la violencia que se genera por el crimen organizado a las que atienden, mediante un procedimiento grupal.

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Luis Salcido, visitador de la CEDH informó sobre el desplazamiento forzado de al menos 300 personas que vive en comunidades como Santa Rita, El Tigre, pertenecientes a Guadalupe y Calvo.

Expuso que esta situación no es única de Guadalupe y Calvo, no obstante; reconoció que es de los pocos municipios donde se tiene visibilizada esa afectación, luego de que el año pasado habitantes solicitaran la presencia de autoridades de manera pública.

En este sentido, expuso que no hay presencia de autoridades, por lo que no se garantiza el derecho a la seguridad, motivo por el cual, esta queja se abrió de oficio al revelarse la presencia de grupos criminales.

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Lo anterior se presentó en junio del año pasado, y hasta junio del año en curso se acumulan tres centenas de casos que se han ido anexando a la queja colectiva que está dando seguimiento la CEDH en Parral.

“En ocasiones son víctimas del daño colateral de los enfrentamientos que ocurren en comunidades donde no se tiene presencia alguna de autoridades“, puntualizó el visitador del órgano estatal.

Además el tema de la siembra de cultivos como la amapola y marihuana, son factores que detonan la huida de inocentes que al ver la presencia de grupos armados, terminan por darse a la fuga a otras localidades.

Parral, Cuauhtémoc y las cabeceras municipales de localidades como Guadalupe y Calvo, Guachochi y Balleza son los principales lugares para donde este sector poblacional acude para tener garantías.

Mencionó que fácilmente más de 300 personas la que se ven afectadas, pero el número de denuncias no es congruente con la situación que se vive, pues no existe la costumbre de denunciar ante las autoridades.

Este es un problema que ocurre de manera cíclica, ya que mientras hay autoridades estatales o militares, las personas permanecen en sus hogares, pero al irse la seguridad, ellos se van en dirección a otros lugares.

La vulnerabilidad, pobreza, falta de acceso a la educación y a la seguridad son algunos de los factores que desembocan en que las actividades delictivas tengan un repunte, ya que la aspiración de jóvenes esta en integrarse al crimen organizado antes que dedicarse a una labor en el campo.

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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio a conocer que de junio de 2021 a junio de 2022 un total de 300 personas pertenecientes a comunidades de Guadalupe y Calvo se ven afectadas por el desplazamiento forzado, consecuencia de la violencia que se genera por el crimen organizado a las que atienden, mediante un procedimiento grupal.

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Luis Salcido, visitador de la CEDH informó sobre el desplazamiento forzado de al menos 300 personas que vive en comunidades como Santa Rita, El Tigre, pertenecientes a Guadalupe y Calvo.

Expuso que esta situación no es única de Guadalupe y Calvo, no obstante; reconoció que es de los pocos municipios donde se tiene visibilizada esa afectación, luego de que el año pasado habitantes solicitaran la presencia de autoridades de manera pública.

En este sentido, expuso que no hay presencia de autoridades, por lo que no se garantiza el derecho a la seguridad, motivo por el cual, esta queja se abrió de oficio al revelarse la presencia de grupos criminales.

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Lo anterior se presentó en junio del año pasado, y hasta junio del año en curso se acumulan tres centenas de casos que se han ido anexando a la queja colectiva que está dando seguimiento la CEDH en Parral.

“En ocasiones son víctimas del daño colateral de los enfrentamientos que ocurren en comunidades donde no se tiene presencia alguna de autoridades“, puntualizó el visitador del órgano estatal.

Además el tema de la siembra de cultivos como la amapola y marihuana, son factores que detonan la huida de inocentes que al ver la presencia de grupos armados, terminan por darse a la fuga a otras localidades.

Parral, Cuauhtémoc y las cabeceras municipales de localidades como Guadalupe y Calvo, Guachochi y Balleza son los principales lugares para donde este sector poblacional acude para tener garantías.

Mencionó que fácilmente más de 300 personas la que se ven afectadas, pero el número de denuncias no es congruente con la situación que se vive, pues no existe la costumbre de denunciar ante las autoridades.

Este es un problema que ocurre de manera cíclica, ya que mientras hay autoridades estatales o militares, las personas permanecen en sus hogares, pero al irse la seguridad, ellos se van en dirección a otros lugares.

La vulnerabilidad, pobreza, falta de acceso a la educación y a la seguridad son algunos de los factores que desembocan en que las actividades delictivas tengan un repunte, ya que la aspiración de jóvenes esta en integrarse al crimen organizado antes que dedicarse a una labor en el campo.

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