/ jueves 24 de diciembre de 2020

No cesa la narcopolítica en Chihuahua

Desde Chínipas, pasando por Urique, subiendo a Madera, Gran Morelos, Jiménez, Ojinaga, Parral y Satevó, existen registros de servidores públicos que han o sirven a distinto grupo criminal

La expansión que han tenido las bandas del crimen organizado en el estado ha facilitado la captación de las esferas del poder, donde funcionarios públicos, agentes, candidatos y otras personalidades terminan por colaborar con estas células delictivas, por el poder, dinero y hasta apoyo durante las etapas de elecciones, según varias de las investigaciones que ha iniciado la Fiscalía General del Estado.

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A pesar de que en 2016 la periodista Miroslava Breach evidenció la postulación de candidatos ligados al crimen organizado, esta relación entre poder y delincuencia organizada no ha cesado, ya que a la fecha han capturado a directivos de corporaciones de seguridad, funcionarios y otros personajes por apoyar a cierto grupo en el estado.

Desde Chínipas, pasando por Urique, subiendo a Madera, Gómez Farías, Namiquipa, Ignacio Zaragoza, Janos, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Jiménez, Ojinaga, Parral y Satevó, existen registros de servidores públicos que han o sirven a distinto grupo criminal, en diversas temporalidades o fechas, según los registros de captura o archivos periodísticos.

Sólo el pasado 21 de diciembre, la Comisión Estatal de Seguridad detuvo al tesorero municipal de Madera, Sergio M. M. quien fue sorprendido en una camioneta con blindaje artesanal y portando un arma de fuego, con más de una decena de casquillos útiles, por lo cual fue capturado y presentado ante el ministerio público.

El actual alcalde de Madera, Jaime Torres, ha sido vinculado en repetidas ocasiones con este grupo criminal, incluso uno de los vehículos que le aseguraron a “el Jaguar” era utilizado por funcionarios del municipio de Madera.

Es en esa zona del estado, donde el pasado 19 de noviembre de 2020 arrestaron al director de la Policía Municipal de Madera, José Luis M.M., “el Dragón”, quien aceptó ser colaborador de Francisco A. M., “el Jaguar”, y además se encargaba de brindarle protección y realizar el pago de la nómina de pistoleros.

Aunque pareciera imposible, José Luis M.M. ya había sido detenido en agosto de 2019 junto con 14 elementos municipales, quienes evitaron que agentes en un operativo de la Fiscalía y la Comisión Estatal capturaran al líder criminal; a pesar de que todos eran servidores públicos, impidieron que realizaran dicha detención.

En Chínipas, el 22 de diciembre de 2020, vincularon a proceso al ex alcalde panista Hugo Amed S. A. por su posible colaboración para llevar a cabo el homicidio de Miroslava Breach, caso que podría abrir el panorama y las investigaciones en contra del exvocero del PAN, Alfredo P.G. y José Alberto L.R., titular del Ichife en el estado, ambos colaboraron de la misma forma que el exalcalde.

En los límites del estado de Chihuahua y Sonora radica el grupo “Los Salazar”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, que mantiene vínculo con el actual alcalde del PRI, Salomé Ramos Salomón, quien es hermano de Rafaela Ramos, misma quien es pareja de Jesús Alfredo S. R., alias “el Justiciero” o “el Muñeco”, presunto cabecilla de dicha organización.

Salomé Ramos ingresó al momento de que culminó el exalcalde Jesús Ramón Quinto Agramón, quien fue electo después de que identificaron al excandidato Juan Salazar Ochoa, quien iba ser postulado en 2016, pero lo vincularon con la familia “Salazar” al ser hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamora, presunto líder actual de dicha organización.

En la misma elección de 2016, pero en el municipio de Bachíniva, se iba a postular como alcaldesa por el PRI a Silvia Mariscal Estada, suegra del líder criminal que mantenía el control para el grupo conocido como La Línea, éste actualmente se encuentra preso al igual que su tío, quien era el director de la Policía Municipal.

Por otra parte, en noviembre de 2018, tras la desaparición del maestro norteamericano Patrick Braxton-Andrew, se evidenció que la presidente municipal de Urique, Mayra Díaz Gutiérrez, tenía un presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa, donde su hermano Pedro D. G. mantenía el control para Jesús Noriel P. G., “el Chueco”.

Aunque se demostraron los hechos, no se investigó y se declaró, por parte de las autoridades del estado, que “el Chueco” había sido el responsable de haber privado de la vida al norteamericano, sin previamente indagar sobre esta presunta relación con el hermano de la alcaldesa de Urique.

En la zona de Ignacio Zaragoza existe un conflicto entre candidatos del PRD y Movimiento Ciudadano, donde en mayo de 2018 un comando armado incendió domicilios, mató candidatos y alertó a Reyes Felipe Mendoza de no buscar la candidatura, ya que existían ciertos intereses de grupos del crimen organizado.

Estos hechos evidenciaron que el exalcalde Florencio Nevárez Franco mantenía relación con el grupo del Cártel de Juárez, toda vez que presuntamente sus hermanos José y Jorge integraban algunos cargos al interior de dicha organización, lo cual fue declarado por varios pobladores de esa región.

En esa región han muerto varios funcionarios a raíz de presiones de miembros del Cártel de Sinaloa, quienes al no obedecer instrucciones de los criminales optan por privarlos de la vida, como ocurrió con el tesorero Guadalupe Payán Villalobos, el síndico Antonio Quezada, la candidata Liliana García y otros más.

A minutos de ese municipio se encuentra Gómez Farías, otro territorio que se mantiene en conflicto con grupos criminales, donde en 2017 se reportó el secuestro del director del Hospital Regional, Blas Juan Godínez Loya, por sujetos armados, quien a la fecha no ha sido localizado en vida o sus restos, además de que no existe pista alguna sobre su paradero, sólo que pudieron habérselo llevado luego de un enfrentamiento armado.

Por este motivo, su hijo, Blas Juan Godínez Ortega, inició la búsqueda de su padre por varios meses, incluso derivado de su activismo logró la candidatura por Morena para la Presidencia Municipal de Gómez Farías, pero en septiembre de 2018 estuvo a punto de perder la vida, luego de que un sujeto solitario le disparara en la cabeza.

El 24 de noviembre, la Fiscalía General de la República detuvo a Roberto G. M., “el Mudo” o “el 32”, presunto líder criminal del grupo La Línea en la región noroeste del estado, quien antes de esto fungió como elemento de seguridad e incluso como escolta de varios funcionarios locales.

A “el Mudo” le fincaron cargos por la masacre de la comunidad mormona de LeBarón, al igual que al director de la Seguridad Pública de Janos, Fidel Alejandro V. V., quien fue detenido en diciembre de 2019 por su presunta participación con este mismo grupo criminal.

En los municipios de Parral y Jiménez se han detenido a varios elementos de seguridad, quienes declararon haber participado con grupos del crimen organizado, en la zona de Parral, con el grupo de Los Salgueiro y en el otro extremo con el grupo del Nuevo Cártel de Juárez.

La expansión que han tenido las bandas del crimen organizado en el estado ha facilitado la captación de las esferas del poder, donde funcionarios públicos, agentes, candidatos y otras personalidades terminan por colaborar con estas células delictivas, por el poder, dinero y hasta apoyo durante las etapas de elecciones, según varias de las investigaciones que ha iniciado la Fiscalía General del Estado.

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A pesar de que en 2016 la periodista Miroslava Breach evidenció la postulación de candidatos ligados al crimen organizado, esta relación entre poder y delincuencia organizada no ha cesado, ya que a la fecha han capturado a directivos de corporaciones de seguridad, funcionarios y otros personajes por apoyar a cierto grupo en el estado.

Desde Chínipas, pasando por Urique, subiendo a Madera, Gómez Farías, Namiquipa, Ignacio Zaragoza, Janos, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Jiménez, Ojinaga, Parral y Satevó, existen registros de servidores públicos que han o sirven a distinto grupo criminal, en diversas temporalidades o fechas, según los registros de captura o archivos periodísticos.

Sólo el pasado 21 de diciembre, la Comisión Estatal de Seguridad detuvo al tesorero municipal de Madera, Sergio M. M. quien fue sorprendido en una camioneta con blindaje artesanal y portando un arma de fuego, con más de una decena de casquillos útiles, por lo cual fue capturado y presentado ante el ministerio público.

El actual alcalde de Madera, Jaime Torres, ha sido vinculado en repetidas ocasiones con este grupo criminal, incluso uno de los vehículos que le aseguraron a “el Jaguar” era utilizado por funcionarios del municipio de Madera.

Es en esa zona del estado, donde el pasado 19 de noviembre de 2020 arrestaron al director de la Policía Municipal de Madera, José Luis M.M., “el Dragón”, quien aceptó ser colaborador de Francisco A. M., “el Jaguar”, y además se encargaba de brindarle protección y realizar el pago de la nómina de pistoleros.

Aunque pareciera imposible, José Luis M.M. ya había sido detenido en agosto de 2019 junto con 14 elementos municipales, quienes evitaron que agentes en un operativo de la Fiscalía y la Comisión Estatal capturaran al líder criminal; a pesar de que todos eran servidores públicos, impidieron que realizaran dicha detención.

En Chínipas, el 22 de diciembre de 2020, vincularon a proceso al ex alcalde panista Hugo Amed S. A. por su posible colaboración para llevar a cabo el homicidio de Miroslava Breach, caso que podría abrir el panorama y las investigaciones en contra del exvocero del PAN, Alfredo P.G. y José Alberto L.R., titular del Ichife en el estado, ambos colaboraron de la misma forma que el exalcalde.

En los límites del estado de Chihuahua y Sonora radica el grupo “Los Salazar”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, que mantiene vínculo con el actual alcalde del PRI, Salomé Ramos Salomón, quien es hermano de Rafaela Ramos, misma quien es pareja de Jesús Alfredo S. R., alias “el Justiciero” o “el Muñeco”, presunto cabecilla de dicha organización.

Salomé Ramos ingresó al momento de que culminó el exalcalde Jesús Ramón Quinto Agramón, quien fue electo después de que identificaron al excandidato Juan Salazar Ochoa, quien iba ser postulado en 2016, pero lo vincularon con la familia “Salazar” al ser hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamora, presunto líder actual de dicha organización.

En la misma elección de 2016, pero en el municipio de Bachíniva, se iba a postular como alcaldesa por el PRI a Silvia Mariscal Estada, suegra del líder criminal que mantenía el control para el grupo conocido como La Línea, éste actualmente se encuentra preso al igual que su tío, quien era el director de la Policía Municipal.

Por otra parte, en noviembre de 2018, tras la desaparición del maestro norteamericano Patrick Braxton-Andrew, se evidenció que la presidente municipal de Urique, Mayra Díaz Gutiérrez, tenía un presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa, donde su hermano Pedro D. G. mantenía el control para Jesús Noriel P. G., “el Chueco”.

Aunque se demostraron los hechos, no se investigó y se declaró, por parte de las autoridades del estado, que “el Chueco” había sido el responsable de haber privado de la vida al norteamericano, sin previamente indagar sobre esta presunta relación con el hermano de la alcaldesa de Urique.

En la zona de Ignacio Zaragoza existe un conflicto entre candidatos del PRD y Movimiento Ciudadano, donde en mayo de 2018 un comando armado incendió domicilios, mató candidatos y alertó a Reyes Felipe Mendoza de no buscar la candidatura, ya que existían ciertos intereses de grupos del crimen organizado.

Estos hechos evidenciaron que el exalcalde Florencio Nevárez Franco mantenía relación con el grupo del Cártel de Juárez, toda vez que presuntamente sus hermanos José y Jorge integraban algunos cargos al interior de dicha organización, lo cual fue declarado por varios pobladores de esa región.

En esa región han muerto varios funcionarios a raíz de presiones de miembros del Cártel de Sinaloa, quienes al no obedecer instrucciones de los criminales optan por privarlos de la vida, como ocurrió con el tesorero Guadalupe Payán Villalobos, el síndico Antonio Quezada, la candidata Liliana García y otros más.

A minutos de ese municipio se encuentra Gómez Farías, otro territorio que se mantiene en conflicto con grupos criminales, donde en 2017 se reportó el secuestro del director del Hospital Regional, Blas Juan Godínez Loya, por sujetos armados, quien a la fecha no ha sido localizado en vida o sus restos, además de que no existe pista alguna sobre su paradero, sólo que pudieron habérselo llevado luego de un enfrentamiento armado.

Por este motivo, su hijo, Blas Juan Godínez Ortega, inició la búsqueda de su padre por varios meses, incluso derivado de su activismo logró la candidatura por Morena para la Presidencia Municipal de Gómez Farías, pero en septiembre de 2018 estuvo a punto de perder la vida, luego de que un sujeto solitario le disparara en la cabeza.

El 24 de noviembre, la Fiscalía General de la República detuvo a Roberto G. M., “el Mudo” o “el 32”, presunto líder criminal del grupo La Línea en la región noroeste del estado, quien antes de esto fungió como elemento de seguridad e incluso como escolta de varios funcionarios locales.

A “el Mudo” le fincaron cargos por la masacre de la comunidad mormona de LeBarón, al igual que al director de la Seguridad Pública de Janos, Fidel Alejandro V. V., quien fue detenido en diciembre de 2019 por su presunta participación con este mismo grupo criminal.

En los municipios de Parral y Jiménez se han detenido a varios elementos de seguridad, quienes declararon haber participado con grupos del crimen organizado, en la zona de Parral, con el grupo de Los Salgueiro y en el otro extremo con el grupo del Nuevo Cártel de Juárez.

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