Chihuahua, Chih.- Grupo de empresarios interpuso denuncia contra los tres gobernadores tradicionales, por el supuesto delito de despojo agravado, al pretender desplazarlos del lugar que ha sido su posesión ancestralmente, y desocupar la escuela-albergue, iglesia y panteón, que son parte del patrimonio colectivo del pueblo rarámuri.
Los tres gobernadores tradicionales rarámuris de la comunidad de Mogótavo, municipio de Urique, fueron denunciados penalmente por el delito de despojo agravado, por habitar el territorio ancestral que fue heredado por sus generaciones predecesoras, y que un grupo de empresarios pretende desplazar a 300 personas, integrantes de 80 familias, y retirar la escuela-albergue donde estudian sus hijos, iglesia, e incluso el panteón donde reposan sus difuntos.
Así lo informó Horacio Lagunas Cerda, asesor jurídico de la comunidad de Mogótavo, quien explicó que la comunidad se encuentra en la zona a la que se le denomina Divisadero-Barrancas del Cobre, en una extensión de 150 hectáreas, donde han sido víctimas de hechos que han desestabilizado a la comunidad.
“Un grupo de empresarios está presentando una denuncia penal en contra de la comunidad indígena, por Ricardo Orvis Blake, Omar Bazán Flores, Agustín López Daumas, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alveláis -quien es finado, pero su familia está al frente del asunto-. A través de Ricardo Orvis están acusando a la comunidad de Mogótavo por conducto de sus tres gobernadores de despojo agravado. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de Cuauhtémoc, que formuló una carpeta de investigación y solicitó a la juez de lo Penal para que convocara a una audiencia de imputación, que fue obsequiada y ya se generaron los citatorios para los tres gobernadores contra los cuales está formulada esta denuncia”, refirió.
Luis Gonzáles Rivas, Bertha Moreno, y Enrique Manuel Parra son los gobernadores tradicionales -representantes y manejan los asuntos internos de la comunidad-, quienes están acusados y citados a la audiencia que se llevará a cabo el 9 de junio a las 10:00 horas, en la que se les dará a conocer los términos y contenido de la denuncia, los elementos que componen la acusación, que fue calificada como incomprensible, porque la propiedad por la que se les acusa es la que ha sido posesión de la comunidad desde hace generaciones, reconocida por registros eclesiásticos, e incluso sanitarios, por los sobrevivientes de la peste española, hace alrededor de un siglo.
Además, pretenden desalojar a la escuela-albergue, que está ubicada en la zona de conflicto, que depende del gobierno federal, donde se imparte la enseñanza bilingüe con más de 60 alumnos, de nivel preescolar y primaria. Así mismo, hay una iglesia, con reuniones dominicales, celebración de fiestas religiosas y es un lugar simbólico para los rarámuris en su comunidad, y hay otras cosas que son importantes, como un panteón, con el implícito respeto a los muertos.
El asesor jurídico confirmó la asistencia de los gobernadores tradicionales, y el acompañamiento que les brindan asociaciones dedicadas a la defensa de los territorios, de las que hasta el momento se han sumado cinco.
“Este caso que constituye evidencia de la falta de respeto a las comunidades indígenas, a las posesiones, independientemente de que ellos puedan tener documentos o títulos que les algún derecho, pero la posesión es la que está reconocida a nivel internacional como título de propiedad y más ellos, que tienen muchos años de estar por generaciones que se han venido heredando la posesión de ese territorio”, enfatizó Lagunas.
Por su parte, Diana Villalobos, en representación de la red de asociaciones en defensa del territorio, señaló que es alarmante el uso de instancias de gobierno para criminalizar a los indígenas. “Está pasando en Mogótavo, pero no es la única comunidad. Recientemente, en Bosques San Elías, son patrones del estado para criminalizar a los pueblos indígenas, y eso nos parece muy preocupante”, enfatizó.
Para finalizar, manifestaron que el sábado 29 de mayo se hará una manifestación de protesta en el área turística de Divisadero Barrancas, donde se ha desconocido la presencia, la posesión de las comunidades indígenas, perturbando la idiosincrasia, la cosmovisión, el trabajo de las comunidades; y se van a hacer manifestaciones de las comunidades que están siendo afectadas por el proyecto de desarrollo turístico y económico de alto nivel.
*Cronología de la comunidad de Mogótavo, región de El Divisadero Barrancas, municipio de Urique, Chihuahua.*
1890: Según registros de Carl Lumbholtz, la región de Barrancas del Cobre estaba habitada por tarahumaras.
1915: Existen registros de bautizos de personas rarámuri que vivían en Mogótavo en ese tiempo.
1918: La Gripa Española acabó con mucha gente en la Sierra Tarahumara, pero en el territorio que se conoce como Mogótavo sobrevivieron familias rarámuri.
1919: Antes de que terminara la Revolución llegó Tirso Loya a la región de El Divisadero Barrancas, municipio de Urique. Intercambió un bote de licor (aguardiente) por un rancho de dos hectáreas. A este rancho se le identifica como Rajúbili. En la zona habitaban familias rarámuri.
1920: Durante la Revolución, Indalecio Sandoval tuvo problemas en Batopilas y emigró a la región de El Divisadero, municipio de Urique. Le compró el rancho Rajúbili a Tirso Loya. Se desconoce el precio.
1920-1936: Inició el reparto agrario. Se creó el ejido de San Alonso, municipio de Urique, colindante con a la comunidad de Mogótavo.
1930: Existen registros en Inegi, cuyo censo informa ya de la existencia de Mogótavo.
1931-1937: Otro ejido que se creó cuando inició el reparto agrario fue San Luis de Majimachi. La parte donde hoy se ubica Mogótavo no entró en la dotación ejidal. La autoridad agraria excluyó este territorio argumentando que esa tierra es inafectable. En ese territorio vivían familias rarámuri, pero la autoridad agraria ignoró esa realidad dejándolas en la indefensión al considerar la tierra inafectable.
1935: La razón por la que la autoridad agraria consideró el territorio de Mogótavo como inafectable fue porque Indalecio Sandoval argumentó que esa tierra es de su propiedad. Son mil 500 hectáreas las que consideró la autoridad agraria como inafectables. Ese territorio siempre ha sido habitado por las familias rarámuri, pero la autoridad agraria ignoró esa realidad.
1940: Continuó la construcción del tendido de las vías férreas para el tren Ch-P en el tramo Creel a Topolobampo, pasando por El Divisadero. En ese tiempo sólo llegaba el tren hasta Creel.
1961: En noviembre de este año inició el recorrido del tren Ch-P. Esto detonó el desarrollo turístico en la zona.
1970: La familia Sandoval construyó cabañas turísticas en El Divisadero. Esto afectó a las familias rarámuri. Algunos sufrieron la destrucción de sus viviendas.
1980: Con la finalidad de proteger su territorio, la comunidad de Mogótavo solicitó ante la autoridad agraria la dotación de tierras para conformar un ejido.
1982: La autoridad agraria rechazó la petición de la comunidad de Mogótavo. Argumentó que ese territorio es inafectable.
1982: En este litigio agrario aparecieron los hijos de Indalecio Sandoval: Efraín, Indalecio Junior y Leopoldo, quienes argumentaron que las mil 500 hectáreas son de su propiedad.
1984: En lugar de reconocer el territorio a las familias rarámuri, la autoridad agraria favoreció a la familia Sandoval y le otorgó el título definitivo. La Fracción Uno a nombre de Ivonne Elizabeth Sandoval Almeida, hija de Efraín Sandoval.
1995: Ernesto Zedillo, entonces presidente de la república, visitó el municipio de Guachochi y anunció el plan Maestro Barrancas del Cobre.
1997: Crearon el Fideicomiso Barrancas del Cobre para impulsar el desarrollo turístico en la región, en la zona de El Divisadero, con ello arrancó la pavimentación de la carretera Creel-San Rafael y llegó la electricidad.
1998: Ivonne Sandoval vende a FONATUR 147.6 h para el Fideicomiso Barrancas del Cobre.
1999: Odile Carolina Sandoval Almeida, hija de Efraín Sandoval, obtuvo el título de propiedad por 500 hectáreas en la Fracción Dos que identifican como Mesa de la Barranca, antes Cinco Hermanos. La Fracción Tres otras 500 hectáreas a nombre de Indalecio Sandoval hijo.
1999: A finales de esta década Ivone Sandoval amplió las cabañas de El Divisadero, convirtiendo el lugar en un hotel de lujo y de gran turismo.
2008: En julio de este año Odile Sandoval vendió 154 hectáreas a Ricardo Orviz Blake, Agustín López Daumas, Omar Bazán Flores, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alvelais, en dos millones doscientos cincuenta mil dólares. La compraventa se hizo ante el Notario Público No. 18 en la ciudad de Chihuahua. El avalúo que presentó en la compraventa del terreno especifica que en ese territorio habitan familias rarámuri. Incluso hay una cláusula donde Odile Sandoval se compromete a desalojar a las familias indígenas del lugar, así como la escuela-albergue y el dispensario médico.
2011: La comunidad de Mogótavo inició un juicio de controversia territorial ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco de Chihuahua por el reconocimiento de su territorio ancestral. Reclamó la nulidad de las adjudicaciones y compraventas efectuadas sobre su territorio bajo el expediente 64/2011.
2018: El 31 de agosto la autoridad agraria dictó sentencia definitiva decretando improcedencia a la petición que hizo la comunidad de Mogótavo.
2019: Promoción del recurso de revisión expediente 226/2019.
2020: El 12 de agosto el Tribunal Superior Agrario confirmó la sentencia definitiva en contra de la comunidad de Mogótavo y no le notifican.
2021: El 17 de marzo de este año el Tribunal Unitario del Distrito Cinco emitió un acuerdo que causa ejecutoria en contra de la comunidad de Mogótavo, sin notificar a la comunidad.
2021: El 19 de marzo, visita del agente del Ministerio Público de Creel a Mogótavo.
2021: El 22 de marzo Ana Violeta Estrada Domínguez, juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Benito Juárez, envió citatorios a los tres gobernadores indígenas para que se presenten en la Audiencia de Imputación programada para el 9 de junio del presente año en la ciudad de Cuauhtémoc, donde está la cabecera del distrito judicial, por la causa penal 143/2021.
2021: El 29 de abril la comunidad de Mogótavo se enteró de que Ricardo Orviz Blake, Agustín López Daumas, Omar Bazán Flores, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alveláis promovieron una denuncia penal en contra de los gobernadores indígenas de Mogótavo Luis González Rivas, Enrique Manuel Parra y Bertha Cruz Moreno. La acusación es por despojo agravado, acusan a los rarámuri de vivir en un inmueble ajeno. La acusación la hizo César Torres Fierro, agente del Ministerio Público de Creel, Bocoyna.
Los gobernadores indígenas asistirán acompañados de integrantes de la comunidad y de organizaciones de la sociedad civil.
2021: La comunidad de Mogótavo solicitó un amparo en contra del fallo que emitió el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5 de Chihuahua.
2021: La decisión de la autoridad agraria afecta a más 300 personas de 80 familias rarámuri que habitan en el territorio de Mogótavo. Estas familias tienen limitada actividad agropecuaria. Su principal actividad es la artesanía, que venden en la zona turística de El Divisadero. Y algunos emigran por temporadas a la pisca de la manzana en la región de Cuauhtémoc y a los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Norte y en el mismo estado.
