Realizan operativo de resguardo y custodia a 28 personas de Guadalupe y Calvo que participan en reuniones de consulta, las cuales fueron desplazadas de sus comunidades sumándose a la estadística de más de 350 habitantes de pueblos originarios que tuvieron que huir de sus hogares por la violencia.
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Habitantes de las comunidades étnicas del municipio de Guadalupe y Calvo, como lo son Portezuelo, Santa Tulita, Puerto de Ánimas, Puertoriyito y Baborigame, fueron atendidos por las autoridades en un operativo de resguardo y custodia en razón de un posible desplazamiento a raíz de la violencia que se vive en aquella parte serrana en el sur del estado de Chihuahua.
Se trata de 28 personas que fueron atendidas por parte de las corporaciones de los tres niveles de Gobierno, así como por Consultoría Técnica Avanzada (Contec), El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Cedehm) y la Parroquia de Baborigame, bajo la supervisión de La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave).
La Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, llevaron a cabo un operativo conjunto de resguardo y custodia de estas 28 personas en el municipio de Guadalupe y Calvo.
El operativo en el que participaron medio centenar de elementos de las citadas corporaciones, se realizó en atención a la solicitud realizada por la Coordinación Regional Zona Sur de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado (Ceave).
Las personas de las comunidades, Portezuelo, Santa Tulita, Puerto de Ánimas y Puertoriyito, fueron trasladadas al poblado de Baborigame, a raíz de la problemática de desplazamiento forzado que se percibe en esta parte de la sierra madre en el sur del estado grande.
Estas organizaciones de la sociedad civil realizan un seguimiento a las condiciones de vida de los habitantes en estos lugares, mientras que la custodia por parte de las agencias policiacas, es por motivo de resguardo.
Cabe citar la estadística, que se dio a conocer por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que expone que se han atendido a más de 350 personas, víctimas de desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo durante el 2023.
