/ sábado 18 de mayo de 2019

Factores de violencia

Años atrás, organismos internacionales defensores de D. H, como la CIDH, sacudieron al Estado mexicano, exhibiendo 7 factores aún vigentes, que propician la violencia en México. El Gobierno reaccionó escandalizado al informe por señalar a un país que padece tortura generalizada; además del grave problema de desapariciones en gran parte del territorio, e identificó 7 factores que generan los graves problemas sociales. Enumeró: la corrupción y el crimen organizado; actores estatales. Autodefensas; Fuerzas Privadas de Seguridad; la desigualdad; la impunidad y el tráfico de armas.

Por desempleo e indigencia, habitantes del estado de Guerrero huyen de la violencia del narco, pues la corrupción e impunidad permiten a grupos criminales establecer estructuras paralelas al poder, que actúan coludidas con las autoridades; señalaron el caso de Ayotzinapa. En zona Rural, sobre todo; la Comisión recibió testimonios de colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de las policías municipales. Entonces tenían registrados 6,809 homicidios dolosos por presuntas rivalidades entre grupos del crimen organizado, en especial narcotraficantes. Describe la fragmentación de cárteles por supresión de líderes y desarticulación de grupos; disputas por control territorial y nuevas alianzas entre los grupos criminales más nuevos que exacerbaron el fenómeno. Dedicados al narcotráfico, también asesinan. Tal diversificación delictiva aunada al poder fáctico que ejercen en gran parte del territorio, convierte este fenómeno en principal fuente de violencia por actores privados, trayendo aparejada la responsabilidad del estado sin una respuesta eficaz frente al problema. Tal situación sigue escalando.

Apuntó la CIDH que, en medio de la lucha contra el narcotráfico y la militarización de diferentes zonas del país; miembros de la milicia incluidos ministerios públicos, están vinculados a presuntas y graves violaciones a DH, aun impunes. Cita los 22 asesinatos en Tlatlaya; militares acusados de ejecuciones extrajudiciales y en el ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa, participaron policías de Iguala. Se Señalan a la Sedena, Marina, poli federal, poli estatal, elementos de PGR; procuradurías de justicia estatal; personal penitenciario federal, estatal y agencias como el Instituto Nacional de Migración y la vigilancia privada. Actividades de seguridad pública desarrolladas por elementos de fuerzas armadas provocaron sinnúmero de violaciones a DH. Las autodefensas actuaron desesperados por ineficacia de las autoridades; después, como en Michoacán, algunos se volvieron violentos y criminales.

Dada la incapacidad estatal, preocupa el surgimiento de fuerzas privadas de seguridad, de empresas locales e internacionales; fenómeno nuevo y creciente. Invaden diversos campos y suelen ser fuentes de violencia. Responsable sigue siendo el estado, garante del respeto a los DH. La desigualdad, otro detonante de la violencia: datos del SAT: distribución de la riqueza en México: 50% los más ricos; 38% la clase media y 12% los más pobres. Esto afecta a los más vulnerables, los pueblos indígenas. Las zonas del país con índices de violencia más altos, son las regiones con mayor pobreza, desigualdad y marginación. “La falta de recursos económicos, suele ser obstáculo para acceder a la justicia”; CIDH.

El 98% de impunidad, en parte induce al aumento de actos violentos que cometen particulares o agentes del estado. Los perpetradores no enfrentan consecuencias, creando la espiral de impunidad. Según CIDH, desde 2009, es constante el 70% de armas ilegales que de EUA entran al país. Según especialistas, en México podría haber más de 20 millones de armas no registradas, alertó la Comisión.

Pasamos 10, 11 y la mañana del 12 en tierra rarámuri. 2 polis cesados por corruptos. De ida, carga completa. Réplica de hostilidad con indígenas manipulados. Daño intencional al vehículo. Eludí traer viajeros ebrios al regreso. Polis ocultos, con estratagema, obligaron al raite para checar mi conducción.

Años atrás, organismos internacionales defensores de D. H, como la CIDH, sacudieron al Estado mexicano, exhibiendo 7 factores aún vigentes, que propician la violencia en México. El Gobierno reaccionó escandalizado al informe por señalar a un país que padece tortura generalizada; además del grave problema de desapariciones en gran parte del territorio, e identificó 7 factores que generan los graves problemas sociales. Enumeró: la corrupción y el crimen organizado; actores estatales. Autodefensas; Fuerzas Privadas de Seguridad; la desigualdad; la impunidad y el tráfico de armas.

Por desempleo e indigencia, habitantes del estado de Guerrero huyen de la violencia del narco, pues la corrupción e impunidad permiten a grupos criminales establecer estructuras paralelas al poder, que actúan coludidas con las autoridades; señalaron el caso de Ayotzinapa. En zona Rural, sobre todo; la Comisión recibió testimonios de colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de las policías municipales. Entonces tenían registrados 6,809 homicidios dolosos por presuntas rivalidades entre grupos del crimen organizado, en especial narcotraficantes. Describe la fragmentación de cárteles por supresión de líderes y desarticulación de grupos; disputas por control territorial y nuevas alianzas entre los grupos criminales más nuevos que exacerbaron el fenómeno. Dedicados al narcotráfico, también asesinan. Tal diversificación delictiva aunada al poder fáctico que ejercen en gran parte del territorio, convierte este fenómeno en principal fuente de violencia por actores privados, trayendo aparejada la responsabilidad del estado sin una respuesta eficaz frente al problema. Tal situación sigue escalando.

Apuntó la CIDH que, en medio de la lucha contra el narcotráfico y la militarización de diferentes zonas del país; miembros de la milicia incluidos ministerios públicos, están vinculados a presuntas y graves violaciones a DH, aun impunes. Cita los 22 asesinatos en Tlatlaya; militares acusados de ejecuciones extrajudiciales y en el ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa, participaron policías de Iguala. Se Señalan a la Sedena, Marina, poli federal, poli estatal, elementos de PGR; procuradurías de justicia estatal; personal penitenciario federal, estatal y agencias como el Instituto Nacional de Migración y la vigilancia privada. Actividades de seguridad pública desarrolladas por elementos de fuerzas armadas provocaron sinnúmero de violaciones a DH. Las autodefensas actuaron desesperados por ineficacia de las autoridades; después, como en Michoacán, algunos se volvieron violentos y criminales.

Dada la incapacidad estatal, preocupa el surgimiento de fuerzas privadas de seguridad, de empresas locales e internacionales; fenómeno nuevo y creciente. Invaden diversos campos y suelen ser fuentes de violencia. Responsable sigue siendo el estado, garante del respeto a los DH. La desigualdad, otro detonante de la violencia: datos del SAT: distribución de la riqueza en México: 50% los más ricos; 38% la clase media y 12% los más pobres. Esto afecta a los más vulnerables, los pueblos indígenas. Las zonas del país con índices de violencia más altos, son las regiones con mayor pobreza, desigualdad y marginación. “La falta de recursos económicos, suele ser obstáculo para acceder a la justicia”; CIDH.

El 98% de impunidad, en parte induce al aumento de actos violentos que cometen particulares o agentes del estado. Los perpetradores no enfrentan consecuencias, creando la espiral de impunidad. Según CIDH, desde 2009, es constante el 70% de armas ilegales que de EUA entran al país. Según especialistas, en México podría haber más de 20 millones de armas no registradas, alertó la Comisión.

Pasamos 10, 11 y la mañana del 12 en tierra rarámuri. 2 polis cesados por corruptos. De ida, carga completa. Réplica de hostilidad con indígenas manipulados. Daño intencional al vehículo. Eludí traer viajeros ebrios al regreso. Polis ocultos, con estratagema, obligaron al raite para checar mi conducción.