Obligados a trabajar hasta 20 horas diarias, en condiciones de riesgo y sin seguridad social, se encontraba un grupo de menores de edad e indígenas zapotecos en un rancho dedicado al cultivo del tomate y cebolla, cerca del ejido El Diez, cuyo caso que fue denunciado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hecho del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual tomará cartas en el asunto.
Ramón Abelardo Meléndez Durán, visitador regional de la CEDH, dio a conocer ayer que fue por medio de una denuncia anónima como se enteró de la situación en que se hallaban los trabajadores agrícolas, por lo que acudió en conjunto con funcionarios de la Secretaría del Trabajo al predio rural.
Refirió que en el lugar existe también una seleccionadora de cebolla y tomate, donde se hallaron varias irregularidades al realizar la inspección. Varios menores de edad, de 15 a 16 años, se encontraban trabajando ahí en situaciones de riesgo, ya que en el sitio había bandas transportadoras.
También se encontró que había trabajadores no afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes debían desempeñar su labor durante jornadas extensas y extenuantes, pues iniciaban a las 7:00 de la mañana y terminaban a la 1:00 e incluso 3:00 de la madrugada del día siguiente, lo cual contraviene la ley.
Igualmente se les obligaba a laborar más de las nueve horas extra que promueve la Ley Federal del Trabajo.
En la seleccionadora de cebolla se encontró que las condiciones eran muy calurosas, poco propicias para trabajar, además faltaban señalamientos para residuos peligrosos como combustibles, mientras que en los campos agrícolas se encontró a 70 indígenas zapotecos, quienes hacían su trabajo en condiciones desfavorables.
“A ellos se les ofreció transporte gratis de Oaxaca hasta acá, y al parecer les habían cobrado al último 1 mil pesos, y las condiciones (de trabajo) que les habían ofrecido allá habían cambiado cuando llegaron aquí a Delicias”, refirió Ramón Meléndez.
El visitador mencionó que la denuncia se hizo saber a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realizó una inspección en el rancho y tomará cartas en el asunto ante la gravedad del caso.