El denominado Operativo Justicia para Chihuahua, que emprende el Gobierno del Estado para penalizar la corrupción en la entidad ha tenido una detención de por lo menos 31 exfuncionarios, empresarios o personajes cercanos al exgobernador César Duarte Jáquez, de los cuales 14 han logrado la libertad en los últimos tres años.
Las investigaciones que mantiene la Fiscalía General del Estado en por lo menos 50 carpetas de investigación, se han acreditado un desfalco superior a los 6 mil millones de pesos que lograron desviar del erario durante la administración de César Duarte (2010-2016), en colaboración de decenas de funcionarios y personajes allegados.
La última detención registrada por los agentes de Fiscalía General del estado fue la del exsecretario general de gobierno, Raymundo R. M., el pasado 25 de diciembre de 2019, al ser el presunto responsable de autorizar la adquisición de un predio en Guachochi para la instalación de un cuartel de seguridad, a un sobreprecio de 20 millones de pesos en beneficio de un particular.
Sin embargo, a horas de su detención quedó en libertad condicional, luego de que se acreditara que padecía de una enfermedad crónica, así como una edad que superaba los 70 años de edad, por lo que logró obtener el beneficio de la libertad y prisión domiciliaria con la restricción de acudir a firmar cada 15 días a las instalaciones del Poder Judicial.
Por otra parte, la última liberación de uno de los presuntos responsables de haber orquestado desvíos en el estado de Chihuahua, fue Karla Areli J. B. quien el jueves obtuvo su libertad tras haber cumplido tres años de prisión, pues en junio de 2017 fue capturada por elementos de la Fiscalía General del Estado.
Según con la causa penal que mantuvo a la exdirectora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en prisión fue su participación en el desvío de 246 millones de pesos, el cual se realizó con diversos exfuncionarios de Educación que presuntamente utilizaron para las campañas del año 2016 en beneficio del PRI.
Para el presente año, los también conocidos como “Expedientes X” tuvieron la integración de dos procesos penales más contra Jesús Manuel E., quien era exauditor, por lo que permanecerá en prisión preventiva toda vez que a la fecha acumula por lo menos 9 carpetas en su contra por la distracción de distintos montos.
La última detención fallida que se realizó en estas carpetas de investigación fue la captura del magistrado Jorge Abraham Ramírez, a quien la Fiscalía General del estado lo acusó en el mes de marzo de 2020, del delito de enriquecimiento ilícito por más de 10 millones de pesos, por lo cual consiguió el desafuero para su detención, pero obtuvo un amparo federal que lo mantiene fuera de prisión y de nuevo como funcionario.
Durante el año 2017, el Operativo Justicia para Chihuahua inició con la integración de las carpetas de investigación y comenzó con la captura de exfuncionarios, quienes habrían participado en diversos desvíos que iban de los 300 mil pesos hasta los más de 200 millones de pesos durante distintos años y dependencias de gobierno.
El año 2019 comenzó con la captura del exsecretario de Educación y quien también fungía como secretario particular del exgobernador César Duarte, Marcelo G. T., quien tiene dos investigaciones en su contra por presuntos desvíos de poco más de 20 millones de pesos, que presuntamente distrajo del erario del estado durante su gestión como funcionario.
El exsecretario fue detenido en su domicilio por la madrugada, cuando agentes de la Fiscalía General del estado obtuvieron una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, quien fue ubicado en su domicilio, y posteriormente llevado a las inmediaciones del Cereso número 1.
Como parte de las investigaciones, el 17 de diciembre la Fiscalía General del estado logró dos órdenes de aprehensión más en contra de presuntos involucrados en la administración de César Duarte, quienes presuntamente colaboraron para distraer diversas cantidades de dinero a través de simulación de contratos.
El primero de ellos fue el empresario y excandidato a diputado Otto V. B., quien fue asegurado en la madrugada en su domicilio de Parral, donde elementos de seguridad lo ubicaron y detuvieron por su presunta participación en la distracción de 20 millones de pesos en perjuicio del erario público del estado.
El empresario parralense aprovechó a través de su empresa y posible cercanía con el exgobernador Duarte, la firma de servicios que prestaría al Gobierno del Estado; sin embargo, nunca se registró la entrega de algún servicio, por el cual la Secretaría de Hacienda entregó entre el 2014 y 2016 un total de 20 millones de pesos.
Horas después de formularle cargos por el desvío de 20 millones de pesos, la Fiscalía General del estado abrió un nuevo cargo, pero ahora por 2.1 millones de pesos, que al igual que la pasada acusación, cometió a través de una de sus empresas en una simulación de servicios que jamás brindó.
Dentro de la audiencia del empresario Otto V. B., la corporación siguió con los operativos en el municipio de Parral, y logró también la detención de un notario público, identificado como Fernando U. R., quien utilizó su labor para falsear documentos para encubrir la compra de inmuebles con dinero del estado de Chihuahua.
Desde el 2017 a la fecha, un total de 31 personas han sido detenidas por elementos de la Fiscalía General del Estado, entre los que destacan algunos personajes nacionales como: Alejandro G. G. alias “la Coneja”, el expresidente municipal, Javier G. P., quien se encuentra en libertad y la mayoría de los secretarios, empresarios y prestanombres que trabajaron de lado con el exgobernador quien se mantiene prófugo de la justicia en los Estados Unidos.
En total, 7 funcionarios están procesados y sentenciados, la mayoría en la cárcel, ninguno bajo el mecanismo de prisión preventiva oficiosa; de las 70 órdenes de aprehensión libradas hay 40 órdenes ejecutadas, 21 órdenes pendientes y el exgobernador César Duarte se encuentra, por lo pronto, prófugo de la justicia.
Durante la presentación del Fondo de Reparación de Justicia, el gobernador explicó que existe un monto inicial que supera los 300 millones de pesos. Además de los dineros reintegrados por funcionarios presos, los recursos también provienen de 203 aseguramientos de bienes inmuebles y otros. De estar en el lugar 26 de los estados con la peor fiscalización, Chihuahua pasó a liderar nacionalmente el tema de fiscalización.
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