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Dictan prisión preventiva contra exsecretario de finanzas del PRI

  • El Heraldo De Chihuahua
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Prisión preventiva como medida cautelar le fue impuesta al exsecretario de finanzas del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, acusado del delito de peculado electoral por 60 millones de pesos, que se obtuvo de la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del gobierno estatal durante el sexenio de César Duarte Jáquez.

La jueza de Control, Sandra Zulema Palma, impuso un tiempo 12 meses de prisión preventiva, en tanto que la audiencia de vinculación a proceso o no (audiencia de auto de formal prisión o libertad) fue fijada para el miércoles 11 de octubre a las 8 de la mañana. La audiencia de formulación de acusación se realizó ayer en la sala uno de la Ciudad Judicial.

La juzgadora consideró justo el tiempo de la medida cautelar, porque no existe certeza de arraigo domiciliario, debido a los cambios de domicilio que ha efectuado el imputado y derivado de que tanto él como su esposa no cuentan con un empleo formal, lo que podría incidir en la psique del exfuncionario para no hacer frente al proceso, por el desvío del que se le acusa.

Por el delito que se le acusa en la causa penal 3055/2017, el acusado alcanzaría una pena de cinco a 15 años en prisión. Pedro Mauli Romero Chávez se encuentra vinculado a la causa penal 457/2017 ante los juzgados federales, donde es acusado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

En la acusación se estableció que a dicha persona se le atribuye que durante su gestión, de junio del 2014 a diciembre del 2015, recibió por la Tesorería de la Secretaría de Hacienda aportaciones mensuales por la cantidad de tres millones de pesos, más una entrega adicional el mes de diciembre del 2014, por una cantidad de 3 millones 663 mil 668 pesos y en diciembre de 2015 por un monto de 3 millones 166 mil 676 pesos.

De acuerdo a lo narrado por el Ministerio Público, el acusado recibió una cantidad total de 63 millones 833 mil 333 pesos, que fueron desviados de las arcas públicas por funcionarios de la dependencia estatal citada, provenientes de la cuenta BBVA Bancomer 0166143970, perteneciente a la Secretaría de Hacienda del poder ejecutivo, cuyo recurso era destinado al pago de nómina de los empleados estatales.

La jueza Sandra Zulema Palma preguntó a Pedro Mauli, si había comprendido el delito que se le atribuía, a lo cual contestó: “No lo comprendo porque no sé los días que se cometieron los hechos”.

El Ministerio Público le recordó la fecha de los pagos, siendo estos el 3 junio, 3 julio, 5 agosto, 29 de agosto, 30 de septiembre, 28 de octubre, 28 noviembre, 2 de diciembre y 23 de diciembre de 2014, y los días 30 enero, 27 de febrero, 1 de abril, 30 de abril, 28 de mayo, 2 de julio, 30 de julio, 2 de septiembre, 29 de septiembre, 29 de octubre, 30 de noviembre, 18 de diciembre de 2015, día en el que se liberaron dos pagos.

La defensa del acusado argumentó que no se les había precisado la forma en la que su cliente habría recibido dichos pagos y la referencia de Mauli de que no había comprendido los hechos que se le imputaban, declarando su abogado defensor que tampoco estaba en condiciones de aclarárselo a su defendido, puesto que tampoco lo había comprendido.

La juzgadora consideró agotados y cumplimentados los requisitos para la formulación de imputación, y dio por concluida la imputación.

La defensa solicitó que se le permitiera desahogar medios de prueba para tratar de esquivar la prisión preventiva contra su cliente, consistiendo en las declaraciones de los ciudadanos G. F. R. y P. H. A., ex regidora del PRI y esposa del imputado, para comprobar el arraigo de Pedro Mauli en esta ciudad capital; así como la reproducción parcial de la audiencia del proceso federal por la causa 457/2017, en el cual propio Ministerio Público de la Fepade exoneró a su cliente de la prisión preventiva.

En la reproducción de dicho audio se recordó cómo el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fepade, determinó no solicitar la prisión preventiva para no violentar los derechos humanos de los imputados y considerar probado el arraigo de los cuatro presentes, entre ellos Pedro Mauli, al haber acudido a la audiencia.

La mujer identificada como P. H. A. aseguró que Pedro Mauli era su esposo desde hace 18 años y tenían juntos dos hijos que cursan secundaria y preparatoria en el Colegio de Chihuahua y el Tec de Monterrey, ambos becados por alto rendimiento económico, por lo que había un compromiso de continuar en la ciudad por parte de su esposo.

Reconoció que habían tomado la decisión hace tres meses de vender el que por 11 años había sido el domicilio de la familia, en la colonia Lomas del Santuario, y que vendieron hace 45 días, “para resolver unos problemas que aquí se han estado dando”, para ir a una casa de renta por no más de un año, mientras terminan de construir una nueva casa en un terreno de su propiedad.

La defensa presentó recibos de pago a nombre de su cliente y su esposa en un domicilio que figura a nombre de Pedro Mauli y que aparece en los amparos interpuestos por éste, en procesos en los que la Fiscalía General del Estado es parte.

La defensa consideró probado su arraigo y la no intención de huir, ya que alguien que desea hacerlo no hubiera inscrito a sus hijos en una escuela de esta ciudad, recordando además que no contaría con dinero para escapar, ya que el imputado recibió su último sueldo en agosto y actualmente se encuentra habilitando un local para instalar un comercio de tortas.

La jueza reiteró que la prisión preventiva también se acredita y es merecedora, atendiendo tanto a la pena a la que se enfrenta el imputado, misma que puede ir desde los 5 años a los 15 años de prisión, como por la cuantía del delito, 63.8 millones de pesos, cuestiones que no hacían a Pedro Mauli Romero como candidato a una condena condicional.

Por último dijo que la existencia de otra causa paralela, en este caso de orden federal, y ser ahora dos procedimientos penales en su contra, podría aumentar los riesgos o intención del imputado de sustraerse de la justicia.

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