El maestro Néstor Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua, informó que se han radicado oficiosamente tres quejas por casos de muertes de personas al interior de penales en la entidad, de los que detalló que se han registrado siete en lo que va del año, y calificó la cifra como preocupante en la labor de garantizar los derechos humanos de las personas en reclusión.
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“No hemos recibido de algún pariente de las personas fallecidas, pero por razones obvias, nosotros atendiendo la gravedad de los hechos, hemos radicado en lo que va del año tres quejas de oficio, en aquellos casos en que hay algunas dudas en cuanto a las circunstancias en que se dieron la muertes de las personas, para ver si hay o no participación de personal de custodios, o también, alguna omisión, porque ya nos preocupa que son muchos números, es un número muy grande, son siete en lo que va del año, lo que indica algo de falta de supervisión, de custodia, o bien que hay una sobrepoblación y eso impide que se les dé la atención debida”, explicó.
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El maestro Armendáriz, expuso que algunos de los suicidios --aparentemente suicidios o sobredosis-, hay alguna connotación que hace dudar fundadamente de la mecánica en la que sucedieron los hechos, es decir, no se descarta alguna otra situación (por huellas de violencia que presentaran o circunstancias de ese tipo-.
“Tenemos tres expedientes de oficio en investigación, y cuando concluyamos de saber bien las causas de la muerte, saber cómo estuvo, si hubo negligencia o no en la supervisión de la custodia, participación o complacencia, para que alguien pudiera haber dañado a otra persona, ya estaremos en aptitud de emitir la resolución correspondiente”, señaló.
Sobre el trabajo de la CEDH en los penales, manifestó que se revisa constantemente el respeto a los derechos de las personas, e incluso, se hace una supervisión penitenciaria, un diagnóstico anual, donde se revisa toda la cuestión de estancia digna, seguridad, beneficios, trato preliberacional, el trabajo, educación que se da, dada la importancia para toda la sociedad que las personas que por alguna razón se encuentran ahí, sean reinsertadas al momento de salir.
En ese sentido, puntualizó que algunas personas están pagando por lo que hicieron con la privación de su libertad, y otras ni siquiera se ha determinado si son o no responsables; por lo que mientras estén en privación de la libertad, están bajo la privación del estado, y por lo tanto, cualquier deceso es una muerte en custodia del estado, y él debe ser el garante de su integridad, de su vida, salud y demás derechos humanos.
“A diferencia de las personas que estamos en derecho de nuestra libertad, podemos proveernos de todos nuestros satisfactores como atención médica, alimentación; ellos no, están totalmente limitados. Más allá de la razón que los haya llevado a estar ahí, y por eso lo hacemos como parte de nuestras funciones principales. Nadie estamos exentos de vernos involucrados en algún tipo de legal, el papel de nosotros es velar porque se respeten los derechos elementales de las personas y estamos a disposición de cualquier persona, como órgano garante de los derechos humanos en el estado”, concluyó.