/ miércoles 19 de enero de 2022

Inmujeres lamenta y condena violencia contra la comunidad Lgbttti+

Piden que garanticen de manera sustantiva el derecho a una vida libre de violencia y discriminación

El Instituto Nacional de las Mujeres externó su preocupación por las diversas formas de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI+ que ha sido atacada y los últimos hechos corresponden a un intento de transfeminicido y el asesinato de una pareja de mujeres en Ciudad Juárez.

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A través de un comunicado el Inmujeres lamentó y condena enérgicamente el intento de transfeminicidio contra la activista, defensora de derechos humanos de las personas transgénero y trabajadoras sexuales, Natalia Lane, así como el asesinato de Nohemí y Yulizsa, pareja de mujeres lesbianas ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aunque el Estado mexicano cuenta con un marco legal y normativo que promueve el respeto, la inclusión y la progresividad de los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual; las distintas expresiones homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas y actos de odio externados por ciertos integrantes de la ciudadanía y del funcionariado público, son muestra de que es inaplazable construir nuevas estrategias interinstitucionales que permitan potenciar, con mayor efectividad, las políticas públicas que ya existen para erradicar las múltiples formas de exclusión y los factores de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI+.

Desde el Inmujeres recordamos a los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024, hoja de ruta para la igualdad del Estado mexicano, fue construido con los aportes diversos de las mujeres, en especial, las que han sido históricamente excluidas, entre ellas, las mujeres de la diversidad sexual.

Durante la consulta que se realizó para la elaboración del PROIGUALDAD, este sector de las mujeres señaló como principales problemáticas: la violencia que sufren por razones de género, la discriminación y la falta de reconocimiento de su identidad sexogenérica.

Por ello, el PROIGUALDAD, que es de obligado cumplimiento para toda la Administración Pública Federal, incluye líneas de acción dirigidas a brindar acompañamiento legal especializado; propiciar el cambio cultural mediante el impulso de proyectos de incidencia social pública y comunitaria, en cooperación con la sociedad civil y fomentar el respeto a la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Además, este programa mandata el avance en la armonización del marco jurídico conforme a los estándares internacionales, que impulse el reconocimiento de la identidad de las personas trans, con el fin de propiciar su participación política en procesos electorales y la ocupación de cargos públicos en condiciones de seguridad, igualdad y no discriminación.

Por lo anterior, exhortamos a los tres órdenes de gobierno y tres poderes del Estado a cumplir con sus responsabilidades como garantes de los derechos emanados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 1, así como desarrollar e implementar a cabalidad las acciones que forman parte de la Política Nacional de Igualdad, de la cual el Proigualdad 2020-2024 es parte fundamental, con el fin de que garanticen de manera sustantiva el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para la comunidad LGBTTTI+.

El Instituto Nacional de las Mujeres externó su preocupación por las diversas formas de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI+ que ha sido atacada y los últimos hechos corresponden a un intento de transfeminicido y el asesinato de una pareja de mujeres en Ciudad Juárez.

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A través de un comunicado el Inmujeres lamentó y condena enérgicamente el intento de transfeminicidio contra la activista, defensora de derechos humanos de las personas transgénero y trabajadoras sexuales, Natalia Lane, así como el asesinato de Nohemí y Yulizsa, pareja de mujeres lesbianas ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aunque el Estado mexicano cuenta con un marco legal y normativo que promueve el respeto, la inclusión y la progresividad de los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual; las distintas expresiones homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas y actos de odio externados por ciertos integrantes de la ciudadanía y del funcionariado público, son muestra de que es inaplazable construir nuevas estrategias interinstitucionales que permitan potenciar, con mayor efectividad, las políticas públicas que ya existen para erradicar las múltiples formas de exclusión y los factores de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI+.

Desde el Inmujeres recordamos a los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024, hoja de ruta para la igualdad del Estado mexicano, fue construido con los aportes diversos de las mujeres, en especial, las que han sido históricamente excluidas, entre ellas, las mujeres de la diversidad sexual.

Durante la consulta que se realizó para la elaboración del PROIGUALDAD, este sector de las mujeres señaló como principales problemáticas: la violencia que sufren por razones de género, la discriminación y la falta de reconocimiento de su identidad sexogenérica.

Por ello, el PROIGUALDAD, que es de obligado cumplimiento para toda la Administración Pública Federal, incluye líneas de acción dirigidas a brindar acompañamiento legal especializado; propiciar el cambio cultural mediante el impulso de proyectos de incidencia social pública y comunitaria, en cooperación con la sociedad civil y fomentar el respeto a la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Además, este programa mandata el avance en la armonización del marco jurídico conforme a los estándares internacionales, que impulse el reconocimiento de la identidad de las personas trans, con el fin de propiciar su participación política en procesos electorales y la ocupación de cargos públicos en condiciones de seguridad, igualdad y no discriminación.

Por lo anterior, exhortamos a los tres órdenes de gobierno y tres poderes del Estado a cumplir con sus responsabilidades como garantes de los derechos emanados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 1, así como desarrollar e implementar a cabalidad las acciones que forman parte de la Política Nacional de Igualdad, de la cual el Proigualdad 2020-2024 es parte fundamental, con el fin de que garanticen de manera sustantiva el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para la comunidad LGBTTTI+.

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