Juan Carlos Mendoza, abogado defensor del exgobernador César Horacio D. J., dio a conocer que la Fiscalía General del Estado tiene ocho días para devolver los bienes que fueron confiscados al exmandatario, quien se encuentra recluido en una cárcel en Estados Unidos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado y la propia gobernadora María Eugenia Campos aseguran que no se le regresará ningún inmueble, pues la orden de un juez fue para levantar el aseguramiento de los bienes, pero en torno a una acción civil, mientras que lo asegurado está por una acción penal, causal que continúa vigente.
El jurista emitió un comunicado en donde detalla la situación y asegura que en caso de que la FGE incumpla con lo ordenado, podrían hacerse acreedores a una multa, incluso se puede llegar a considerar como desacato, lo que representaría sanciones para la Fiscalía.
Mendoza Luján explicó que lo mencionado está contenido en el oficio 2459/2021, referente al expediente 74/2021 emitido por el juez Octavo Civil por audiencias y especializado en extinción de dominio, Erik Alberto Parada Olivas, oficio que fue dirigido a la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos de la Fiscalía General del Estado, así como en el acuerdo respectivo signado por el mismo juzgador,
“Tal acuerdo referido llega a señalar la gravedad de la conducta que se exige de la parte requerida, consistente en el potencial desacato a una orden judicial sustentada en la facultad que la ley le concede a esta autoridad, es decir, manifiesta este acuerdo de que quien emitió el oficio que ordena tal restitución no refiere ni sustenta un acuerdo de voluntades, sino el cumplimiento irrestricto del orden legal ordenado por quien tiene facultades, argumentos y fundamentos para tal mandato”, señaló el abogado.
Añadió que lo anterior tiene su origen en un juicio de extinción de dominio llevado a cabo bajo el expediente 74/2021, juicio mediante el cual la anterior administración estatal trató de manera ilegal y absurda de privar a César Horacio D. J. de sus bienes por supuestos delitos en su calidad de gobernador del estado, acción ilegal que violentó no sólo el debido proceso, sino cualquier ejercicio razonable de justicia al tratarse de bienes que fueron adquiridos por César D. mucho antes de haber asumido el cargo de gobernador del estado.
Cabe mencionar que durante el quinquenio de Javier Corral Jurado, fueron incautados varios bienes inmuebles, al exgobernador César D. J., acusado por diferentes desvíos de recursos públicos, los cuales superan los seis mil millones de pesos.
El exgobernador se encuentra recluido en una cárcel de Miami, mientras avanza el proceso de extradición, sin embargo, en diferentes ocasiones se ha anunciado que algunas de las carpetas de investigación en contra del exmandatario no tienen un sustento concreto y se han ido cerrando.
Según el propio abogado, los inmuebles que tendrán que ser devueltos a su cliente son: El Saucito, Mesa de las Adjuntas, El Taraiz, Rancho de Enmedio, Labor Muniseña, Llano Medineño, El Aranjuez y La Mesa.
No se regresarán bienes a César Horacio D. J.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado explicó que se encuentran imposibilitados para entregar o regresar los bienes asegurados al exgobernador César Horacio D. J. debido a que esas 10 propiedades se encuentran aún sujetas a un proceso penal.
Mediante un comunicado de prensa, la FGE detalló que la instrucción que giró un juez respecto a levantar el aseguramiento de los inmuebles es por la acción que se había iniciado por la vía civil, sin embargo, la pasada administración, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desistió de dicha acción, pero se siguió el proceso por la vía penal.
En el documento se explica que dentro de la estrategia jurídica se llevó a cabo, por parte de la Fiscalía General del Estado, una serie de acciones tendientes a garantizar la reparación del daño causado a las finanzas públicas estatales por la presunta comisión de delitos imputados al exfuncionario; entre dichas estrategias, está el aseguramiento de diez ranchos para proceder a tramitar la extinción de dominio.
Sin embargo, derivado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pasada administración se desistió de la acción civil por la vía de la extinción de dominio, sin que esto signifique que los predios dejen de estar asegurados y embargados por la vía penal, para garantía de todos los chihuahuenses.
“Lo dictado por el juez de extinción de dominio, es levantar el aseguramiento otorgado únicamente por la vía civil, y la entrega de los bienes se encuentra imposibilitada, toda vez que siguen sujetos a procedimientos en la vía penal”, expone el comunicado de la Fiscalía.
Coincidiendo con lo señalado por la FGE, la gobernadora María Eugenia Campos declaró que no se le regresarán los bienes asegurados al exmandatario César Horacio D. J.
Aseguró que la resolución emitida por la SCJN es una cuestión de acción civil, por lo que los bienes asegurados no pueden ser regresados a su presunto dueño; por tanto, los 10 inmuebles seguirán decomisados porque se trata de un proceso penal, donde los bienes muebles son garantía para la reparación del daño.
Luego de que el abogado defensor del exmandatario dijo que los bienes deberían de ser entregados a más tardar el 15 de diciembre, la gobernadora dijo que no pueden regresarlos ni tampoco están preparados para ello.
“No hay regreso de bienes para el exgobernador, tendría que haber una sentencia en el ámbito penal”, reiteró la jefa del Ejecutivo estatal.
