/ lunes 3 de enero de 2022

Dos "supersecretarías" dan rumbo al gobierno de Maru Campos

Cambian atribuciones de Jáuregui, Serrato y otros funcionarios

Tras las reformas a los diferentes ordenamientos jurídicos que rigen el actuar del Poder Ejecutivo, las secretarías General de Gobierno y de Coordinación de Gabinete, a cargo de César Jáuregui Morena y Luis Serrato Castell, respectivamente se convirtieron en los dos ejes que dan rumbo al Gobierno del Estado de la mandataria María Eugenia Campos Galván.

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El pasado 15 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa a fin de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Código Administrativo, todos ordenamientos del Estado de Chihuahua.

Lo anterior luego de que el día 3 del mismo mes, la gobernadora María Eugenia Campos, enviará al Congreso del Estado, un documento con carácter de decreto, para que se le permitiera modificar la estructura de las dependencias mencionadas, bajo el argumento de que le permitiría desempeñar de una mejor manera, los trabajos correspondientes al Poder Ejecutivo.

En lo concerniente a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, uno de los cambios significativos, fue derogar algunas atribuciones que eran de la Secretaría General de Gobierno, actualmente encabezada por César Jáuregui Moreno.

Estas consisten en coordinar la elaboración del informe anual del titular del Ejecutivo, lo que ahora será facultad del secretario de la Coordinación de Gabinete, cargo que ocupa Luis Serrato Castell, quien también será el encargado de coordinar los trabajos para el Plan Estatal de Desarrollo.

También se le quita la responsabilidad a la Secretaria General de Gobierno, de ejercer y garantizar la seguridad de las carreteras, caminos y vías de comunicación de competencia estatal; actualmente esto es función de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la cual representa Gabriel Valdez; en este punto es de mencionar que el trabajo se realiza por medio de la Dirección de Transporte, misma que fue turnada a esta última secretaría estatal.

Asimismo, se faculta a la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, para asumir la representación legal del Ejecutivo, y con esto, pueda tratar algunos temas de especial relevancia, y para dicho fin.

De igual forma, se modificó un párrafo en lo referente a la participación de la Secretaría General de Gobierno, entorno a la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, e integrantes del Consejo de la Judicatura, debido a que anteriormente se contemplaba que el titular de dicha secretaría pudiera intervenir en la designación, sin embargo se hacía alusión a una colaboración, pues la designación es exclusivamente del Ejecutivo, en este caso, de la gobernadora María Eugenia Campos, por lo que se decidió modificar el término “intervenir”, por el de “asistir”, el cual corresponde más a la intensión de dicho párrafo.

Respecto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se modificó para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pase a formar parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, desincorporándose de la Fiscalía General del Estado, por lo que la FGE ya no será la encargada de coordinar ni organizar dicho secretariado.

Por otra parte, se autorizó crear la Coordinación de Relaciones Públicas, como área independiente ya que actualmente las actividades de dicha área las desempeña la Coordinación de Comunicación Social, y se adecuaron las atribuciones de esta última, mismas que no estaban establecidas en el texto vigente, además, se la estableció la representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México, misma que ya opera.

Otro cambio significativo aprobado por el Congreso del Estado, fue que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se desincorpore de la FGE, y por lo tanto se elimina como atribución de la Fiscalía General del Estado, el coordinar y organizar dicho Secretariado, para que pase a formar parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, a quien le correspondería su coordinación y organización.

De igual forma, los Centros de Justicia para las Mujeres, serán un órgano desconcentrado de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito y por Razones de Género y Familia.

Sobre todos estos cambios, el diputado Omar Bazán Flores, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, expresó que dicha propuesta enviada por la jefa del Ejecutivo estatal, María Eugenia Campos, resultan viables y oportunos para el mejor funcionamiento de la administración estatal.

El legislador priista destacó que es de suma importancia aclarar que, con cada uno de los cambios referidos, ningún empleado al que se le modifiquen sus atribuciones, se verá afectado en sus derechos laborales.

Agregó que la solicitud de la gobernadora, fue discutida en tiempo y forma en la comisión que preside, y que está conformada por los diputados, Adriana Terrazas, Georgina Bujanda, Alfredo Chávez, Deyanira Ozaeta, Gabriel García Cantú y Francisco Sánchez Villegas; una vez presentado el dictamen ante el pleno, este fue aprobado por unanimidad de los 33 legisladores.

Tras las reformas a los diferentes ordenamientos jurídicos que rigen el actuar del Poder Ejecutivo, las secretarías General de Gobierno y de Coordinación de Gabinete, a cargo de César Jáuregui Morena y Luis Serrato Castell, respectivamente se convirtieron en los dos ejes que dan rumbo al Gobierno del Estado de la mandataria María Eugenia Campos Galván.

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El pasado 15 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa a fin de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Código Administrativo, todos ordenamientos del Estado de Chihuahua.

Lo anterior luego de que el día 3 del mismo mes, la gobernadora María Eugenia Campos, enviará al Congreso del Estado, un documento con carácter de decreto, para que se le permitiera modificar la estructura de las dependencias mencionadas, bajo el argumento de que le permitiría desempeñar de una mejor manera, los trabajos correspondientes al Poder Ejecutivo.

En lo concerniente a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, uno de los cambios significativos, fue derogar algunas atribuciones que eran de la Secretaría General de Gobierno, actualmente encabezada por César Jáuregui Moreno.

Estas consisten en coordinar la elaboración del informe anual del titular del Ejecutivo, lo que ahora será facultad del secretario de la Coordinación de Gabinete, cargo que ocupa Luis Serrato Castell, quien también será el encargado de coordinar los trabajos para el Plan Estatal de Desarrollo.

También se le quita la responsabilidad a la Secretaria General de Gobierno, de ejercer y garantizar la seguridad de las carreteras, caminos y vías de comunicación de competencia estatal; actualmente esto es función de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la cual representa Gabriel Valdez; en este punto es de mencionar que el trabajo se realiza por medio de la Dirección de Transporte, misma que fue turnada a esta última secretaría estatal.

Asimismo, se faculta a la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, para asumir la representación legal del Ejecutivo, y con esto, pueda tratar algunos temas de especial relevancia, y para dicho fin.

De igual forma, se modificó un párrafo en lo referente a la participación de la Secretaría General de Gobierno, entorno a la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, e integrantes del Consejo de la Judicatura, debido a que anteriormente se contemplaba que el titular de dicha secretaría pudiera intervenir en la designación, sin embargo se hacía alusión a una colaboración, pues la designación es exclusivamente del Ejecutivo, en este caso, de la gobernadora María Eugenia Campos, por lo que se decidió modificar el término “intervenir”, por el de “asistir”, el cual corresponde más a la intensión de dicho párrafo.

Respecto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se modificó para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pase a formar parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, desincorporándose de la Fiscalía General del Estado, por lo que la FGE ya no será la encargada de coordinar ni organizar dicho secretariado.

Por otra parte, se autorizó crear la Coordinación de Relaciones Públicas, como área independiente ya que actualmente las actividades de dicha área las desempeña la Coordinación de Comunicación Social, y se adecuaron las atribuciones de esta última, mismas que no estaban establecidas en el texto vigente, además, se la estableció la representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México, misma que ya opera.

Otro cambio significativo aprobado por el Congreso del Estado, fue que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se desincorpore de la FGE, y por lo tanto se elimina como atribución de la Fiscalía General del Estado, el coordinar y organizar dicho Secretariado, para que pase a formar parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, a quien le correspondería su coordinación y organización.

De igual forma, los Centros de Justicia para las Mujeres, serán un órgano desconcentrado de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito y por Razones de Género y Familia.

Sobre todos estos cambios, el diputado Omar Bazán Flores, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, expresó que dicha propuesta enviada por la jefa del Ejecutivo estatal, María Eugenia Campos, resultan viables y oportunos para el mejor funcionamiento de la administración estatal.

El legislador priista destacó que es de suma importancia aclarar que, con cada uno de los cambios referidos, ningún empleado al que se le modifiquen sus atribuciones, se verá afectado en sus derechos laborales.

Agregó que la solicitud de la gobernadora, fue discutida en tiempo y forma en la comisión que preside, y que está conformada por los diputados, Adriana Terrazas, Georgina Bujanda, Alfredo Chávez, Deyanira Ozaeta, Gabriel García Cantú y Francisco Sánchez Villegas; una vez presentado el dictamen ante el pleno, este fue aprobado por unanimidad de los 33 legisladores.

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