El coordinador del Grupo Parlamentario (GP) de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, advirtió que antes de abrir una licitación debe terminar de analizarse el costo del replaqueo, pues hasta el momento no ha sido justificado.
A su vez, el líder de la bancada del PRI, Noel Chávez Velázquez, observó que, si bien afectará económicamente a las familias chihuahuenses, es un ingreso para el Estado que tenía seis años sin aplicarse, a pesar de estar decretado para cada trienio.
El legislador morenista señaló que en su momento el Grupo se manifestó y votó en contra de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo estatal, debido a que una parte de la ciudadanía no estaba de acuerdo, por lo que, en congruencia, deberán acompañar las acciones pacíficas y legales que organicen para que el cobro no se dé.
Aclaró que “Nosotros no estamos en contra de que cada vehículo traiga una placa nueva, si el Estado considera que ello ayuda a traer seguridad, pero en lo que estamos en desacuerdo es el por qué tiene que generar un costo de 600 pesos, si hay entidades de la República que lo hacen gratuitamente”.
Refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado amparos en temas como este, debido a que la jurisprudencia estableció que cuando se trate de cobros de derechos los estados deben especificar claramente cuánto cuestan en realidad.
“¿Cuánto cuesta hacer un par de placas? Nunca se nos dijo, no hay un estudio que se le haya mostrado al Congreso, y aun y cuando 23 diputados lo votaron a favor, pues 10 lo votamos en contra, entonces me parece que antes de opinar sobre la licitación, que entiendo que debiera ser transparente, deberíamos pensar sí debe existir un cobro o no”, afirmó.
El presidente de la fracción legislativa del PRI, Noel Chávez Velázquez, comentó que estarán muy atentos para que la licitación para el replaqueo estatal, se haga bien conforme a todas las normas y reglas.
Admitió que será un impacto para la economía de las familias chihuahuenses, en el marco de la contingencia sanitaria, pero es un Derecho estipulado, que se tendría que hacer cada tres años y ya van más de seis en los que no se cuenta con ese ingreso.
“Y también estamos conscientes de que hay que darle orden. La propuesta la hizo el Ejecutivo, se la presentó al Legislativo y ahí fue donde se tomó la decisión”, agregó.
Finalmente, dijo que el proceso de licitación estará bien supervisado, ya que se dispone de organismos de fiscalización y de todo el sistema interno de seguridad.