Los 120 millones de pesos por los que se acusa al exgobernador César D.J. en la segunda causa penal, se emitieron mediante cuatro transferencias por medio de una institución bancaria que en su momento prestaba servicio a la Secretaría de Hacienda.
➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp
Así lo explicó el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, quien destacó que cuando el exmandatario priista fue extraditado a México desde Estados Unidos, fue presentado por una causa penal diferente a esta segunda acusación que enfrenta.
“Al exgobernador del estado César Horacio Duarte Jáquez, se le cumplimentó una orden de aprehensión pendiente por el delito de peculado, relacionado con la empresa Kepler que es una facturera y que extendió facturas sobre servicios y prestaciones al Gobierno del Estado que no se realizaron, por una cantidad de 120 millones de pesos a través de cuatro transferencias bancarias”, dijo.
Hizo énfasis en que una vez que César D.J. fue extraditado e inició su proceso penal correspondiente a la causa penal 3041/2019, a la siguiente semana, la Fiscalía General del Estado solicitó al gobierno de Estados Unidos para hacer valer el Principio de Excepción relacionado con otras causas penales.
Jáuregui Moreno recordó que eso forma parte del protocolo enmarcado en el Tratado de Extradición entre los gobiernos de México y Estados Unidos, por lo que era indispensable contar con esa autorización.
“En el tratado se establece con toda claridad que cuando alguien es extraditado sólo puede ser juzgado en el país de origen, por el delito que generó la extradición, salvo, que el propio gobierno de los Estados Unidos mediante solicitud fundada del gobierno del que se trate, le pida aplicar un Principio de Excepción con relación a otros procesos penales”, detalló.
El funcionario estatal resaltó que la Fiscalía General del Estado ha actuado en cumplimiento con lo que establece la Constitución y la Ley, dentro de ese marco, se hizo la solicitud por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la República, para que se otorgara el permiso para poder procesar al exgobernador por delitos diversos al que originó la extradición.
Por ese motivo fue que el gobierno de Estados Unidos dio su consentimiento a la Fiscalía General del Estado para que se iniciara un nuevo proceso por la causa penal 1260/2017.
Nota original en El Heraldo de Chihuahua