/ miércoles 9 de febrero de 2022

Borraron pruebas para fabricar Operación Justicia para Chihuahua

Existe información oficial que hubo instrucciones para modificar evidencia y con ello poder generar una investigación ante la Fiscalía General del Estado

A pesar de que se justificó la entrega de más de 4 millones de pesos a dos empresas ligadas al exgobernador César Horacio D. J. en la Secretaría de la Función Pública, existe información oficial que hubo instrucciones para modificar evidencia y con ello poder generar una investigación ante la Fiscalía General del Estado.

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Así lo explicó el exmilitante del PRI, Fermín Ordóñez Arana, quien informó que durante 2018 la Secretaría de Hacienda que presidía Arturo Fuentes Vélez obtuvo toda la información oficial sobre dos programas del campo, los cuales se encontraban justificados, pero a través de un oficio se solicitó poner en los informes que “tras la revisión exhaustiva se concluye la inexistencia de la información”, a pesar de que todo había sido acreditado anteriormente.

De acuerdo con la información obtenida por él mismo, refiere que a través de un oficio identificado como SFP 1522-2018, la Función Pública solicitó a Hacienda toda la información sobre el convenio 0995/2013 que se había destinado a la Unión Ganadera Regional División del Norte, como documentación que acredite el apoyo económico, si fue ejercido, solicitud, aprobación y otros detalles.

El 13 de agosto la Secretaría de Hacienda entregó el resumen de documentos, donde se estableció que dicha Unión Ganadera si tuvo contrato, no tuvo deudor diverso, pagó el préstamo y comprobó dicho gasto, por lo cual se estableció que sí cumplió con lo acordado en el convenio 995/2013.

Por su parte, como la Financiera División del Norte, que también fue ligada al exgobernador César Horacio, recibió 12 millones de pesos a través de otro convenio, pero también se elaboró contrato, deudor diverso, se pagó, se comprobó el gasto, y existen los informes contables, por lo cual no había irregularidades al respecto.

En el departamento de Hacienda, en septiembre de 2018 se instruyó a través de correos electrónicos hacer modificaciones a oficios entregados a la Secretaría de la Función Pública, en la que se determinaría que no había elementos suficientes para establecer que el dinero que se entregó a la Unión Ganadera se había hecho de forma legal.

“Que la Secretaría de Hacienda, después de una revisión exhaustiva, se concluye que no cuenta con información por la que pueda acreditarse que el apoyo económico otorgado a la Unión Ganadera Regional División del Norte fue destinado para los fines a que estaba efecto, considerado dicha información en dado casos, debería solicitarse a la Secretaría de Desarrollo Rural, al probablemente obrar en sus archivos”, refiere el mensaje emitido en el departamento jurídico de Hacienda.

En la instrucción se solicita hacer el mismo cambio en los oficios marcados como 425/2018, 442/2018, 440/2018 y 429/2018 para que precise la misma información y con ello omitir que las autoridades estatales no cuentan con información del recurso y convenios realizados y poder iniciar carpetas de investigación.

Fermín Ordóñez dijo que esta información que corresponde a convenios, que en este caso tuvo la oportunidad de revisar como otros más, “qué es lo que pasó, que pidieron quitar u omitir cierta información”.

“Es lo mismo que hicieron con los recibos de nómina, aseguraron los libros del Registro Civil y empezaron a aparecer, es lo mismo, aquí Arturo Fuentes ordenó la modificación y alteración de pruebas, con el objetivo de culpar a Duarte para fincarle responsabilidades a pesar de que estaba todo en regla”, señaló.

Fermín Ordóñez también comentó que había hecho llegar el aseguramiento de los libros del Registro Público de la Propiedad por el caso de las evidencias que le fabricaron a la actual gobernadora María Eugenia Campos para involucrarla con el exgobernador César Horacio, “no es todo más que un show que se fabricó en todo un quinquenio”.

Dijo que la Operación Justicia no fue algo más que alterar documentos, pruebas, para inculpar al exgobernador y a políticos ajenos al gobierno de Javier Corral, “y generar una cortina de humo, durante la administración, olvidando la seguridad pública, maltrato a medios de comunicación, deficiencia de obra, esa fue su estrategia para generar una percepción social en contra del exgobernador y la ahora gobernadora”.

A pesar de que se justificó la entrega de más de 4 millones de pesos a dos empresas ligadas al exgobernador César Horacio D. J. en la Secretaría de la Función Pública, existe información oficial que hubo instrucciones para modificar evidencia y con ello poder generar una investigación ante la Fiscalía General del Estado.

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Así lo explicó el exmilitante del PRI, Fermín Ordóñez Arana, quien informó que durante 2018 la Secretaría de Hacienda que presidía Arturo Fuentes Vélez obtuvo toda la información oficial sobre dos programas del campo, los cuales se encontraban justificados, pero a través de un oficio se solicitó poner en los informes que “tras la revisión exhaustiva se concluye la inexistencia de la información”, a pesar de que todo había sido acreditado anteriormente.

De acuerdo con la información obtenida por él mismo, refiere que a través de un oficio identificado como SFP 1522-2018, la Función Pública solicitó a Hacienda toda la información sobre el convenio 0995/2013 que se había destinado a la Unión Ganadera Regional División del Norte, como documentación que acredite el apoyo económico, si fue ejercido, solicitud, aprobación y otros detalles.

El 13 de agosto la Secretaría de Hacienda entregó el resumen de documentos, donde se estableció que dicha Unión Ganadera si tuvo contrato, no tuvo deudor diverso, pagó el préstamo y comprobó dicho gasto, por lo cual se estableció que sí cumplió con lo acordado en el convenio 995/2013.

Por su parte, como la Financiera División del Norte, que también fue ligada al exgobernador César Horacio, recibió 12 millones de pesos a través de otro convenio, pero también se elaboró contrato, deudor diverso, se pagó, se comprobó el gasto, y existen los informes contables, por lo cual no había irregularidades al respecto.

En el departamento de Hacienda, en septiembre de 2018 se instruyó a través de correos electrónicos hacer modificaciones a oficios entregados a la Secretaría de la Función Pública, en la que se determinaría que no había elementos suficientes para establecer que el dinero que se entregó a la Unión Ganadera se había hecho de forma legal.

“Que la Secretaría de Hacienda, después de una revisión exhaustiva, se concluye que no cuenta con información por la que pueda acreditarse que el apoyo económico otorgado a la Unión Ganadera Regional División del Norte fue destinado para los fines a que estaba efecto, considerado dicha información en dado casos, debería solicitarse a la Secretaría de Desarrollo Rural, al probablemente obrar en sus archivos”, refiere el mensaje emitido en el departamento jurídico de Hacienda.

En la instrucción se solicita hacer el mismo cambio en los oficios marcados como 425/2018, 442/2018, 440/2018 y 429/2018 para que precise la misma información y con ello omitir que las autoridades estatales no cuentan con información del recurso y convenios realizados y poder iniciar carpetas de investigación.

Fermín Ordóñez dijo que esta información que corresponde a convenios, que en este caso tuvo la oportunidad de revisar como otros más, “qué es lo que pasó, que pidieron quitar u omitir cierta información”.

“Es lo mismo que hicieron con los recibos de nómina, aseguraron los libros del Registro Civil y empezaron a aparecer, es lo mismo, aquí Arturo Fuentes ordenó la modificación y alteración de pruebas, con el objetivo de culpar a Duarte para fincarle responsabilidades a pesar de que estaba todo en regla”, señaló.

Fermín Ordóñez también comentó que había hecho llegar el aseguramiento de los libros del Registro Público de la Propiedad por el caso de las evidencias que le fabricaron a la actual gobernadora María Eugenia Campos para involucrarla con el exgobernador César Horacio, “no es todo más que un show que se fabricó en todo un quinquenio”.

Dijo que la Operación Justicia no fue algo más que alterar documentos, pruebas, para inculpar al exgobernador y a políticos ajenos al gobierno de Javier Corral, “y generar una cortina de humo, durante la administración, olvidando la seguridad pública, maltrato a medios de comunicación, deficiencia de obra, esa fue su estrategia para generar una percepción social en contra del exgobernador y la ahora gobernadora”.

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