/ martes 11 de agosto de 2020

Cesar D. J. no sufrió persecución política

El exgobernador alego ante CEDH ser victima de violación a los derechos humanos

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dictó el acuerdo de no responsabilidad 013/2020, a la petición del exgobernador del estado, César Horacio D. J., en la que alegaba ser víctima de violación a los derechos humanos que derivaban de la persecución política que presuntamente había ejercido la administración de Javier Corral Jurado.

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En la queja que elaboraron los representantes del exgobernador, reclamó haber sido víctima de una persecución política conformada de la violación a derechos fundamentales relacionados con la integridad personal, la presunción de inocencia, al debido proceso -principio non bis in idem-, a la salud y a la dignidad.

Lo anterior conforme a una serie de señalamientos, acciones y acusaciones que ha vertido la administración de Javier Corral en contra de César Horacio, quien en el año 2017 decidió interponer la queja ante el órgano derechohumanista, y conforme al paso del tiempo aplazaba el expediente con más quejas, que finalmente se resolvió el 9 de junio 2020 con una negativa a lo que exponía.

“Finalizada la investigación, este organismo concluyó que no hay evidencia suficiente para determinar la existencia de alguna violación a los derechos humanos del quejoso, razón por la cual se dictó acuerdo de no responsabilidad a favor de las autoridades a quienes se les atribuyeron las presuntas violaciones a derechos humanos”, refiere el acuerdo publicado en junio del presente año.

En el expediente de César D. J., identificado con el número YR-093/2017, insiste que la autoridad responsables (gobierno del estado), ha tomado acciones que se traducen en una persecución política, ya que constituye una actividad compleja realizada por el estado que involucra la restricción o limitación arbitraria de derechos a los particulares, en contravención del derecho nacional e internacional, mediante el abuso de poder en la utilización de instituciones públicas.

“Enunciaré la violación a mis derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que México es parte, así como en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de la autoridad responsable, en su carácter de servidor público federal, cuando ostentaba el cargo de senador de la República, acciones que fundamentaron su campaña política para obtener la gubernatura del estado de Chihuahua, y ahora, ostentando el cargo de servidor público local sigue actualizando una persecución política en mi contra por el uso indebido del poder, actuando en contra del principio de legalidad y del principio de división de funciones, generando al suscrito una inseguridad jurídica por encontrarme en presencia de una fallido Estado de derecho”, refirió Duarte en su queja.

Del 2016 a la fecha, los abogados del exgobernador adjuntaron evidencia al expediente sobre las declaraciones, acciones y notas periodísticas en las cuales Javier Corral acusaba de delitos sin guardar la presunción de inocencia, ya que incluso lo exhibió como prófugo de la justicia en diversos espectaculares, los cuales fueron retirados a los días.

En un documento de más de 200 hojas, César expuso la forma en que vulneraron sus derechos humanos, a través de medios de comunicación, cateos a sus propiedades, lo cual hizo que se extendiera la resolución de la queja, por tres años, que terminó en una negativa a los hechos que presentó.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya había concedido un acuerdo de no responsabilidad en contra de esta queja, la cual fue impugnada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien pidió reabrir el caso y analizar dos hechos más, que finalmente terminó con la misma resolución.

El visitador ponente de la CEDH, Roberto Felipe Antonio Araiza Galarza, resolvió que no fue suficientemente demostrado evidenciar que se encontrara en peligro su vida, su salud física o síquica, su presunción de inocencia, así como las cuestiones de legalidad que invocó en cuanto al debido proceso, “ya que no presentó evidencia que permitiera establecer que el gobierno, o bien el Poder Judicial del estado, hubiera realizado acciones represivas o maltratos persistentes en su contra por su manera política de pensar diferente a la de las autoridades, o por alguna característica política particular”.

Las más de 43 evidencias, oficios, videos, noticias y demás datos que entregó César Horacio fueron contestadas por el visitador ponente, quien analizó cada una de ellas y refirió el resultado de la misma, las cuales terminaron en una negativa a las peticiones que pretendía demostrar en su contra.

El acuerdo fue emitido el 9 de junio 2020 y fue entregado a los representantes del exgobernador, por lo que el día de ayer venció el plazo para impugnar el acuerdo y de no hacerlo el caso podría quedar firme y ya no podría volverse a quejar por los mismos hechos que pretendió justificar en esa protesta.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dictó el acuerdo de no responsabilidad 013/2020, a la petición del exgobernador del estado, César Horacio D. J., en la que alegaba ser víctima de violación a los derechos humanos que derivaban de la persecución política que presuntamente había ejercido la administración de Javier Corral Jurado.

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En la queja que elaboraron los representantes del exgobernador, reclamó haber sido víctima de una persecución política conformada de la violación a derechos fundamentales relacionados con la integridad personal, la presunción de inocencia, al debido proceso -principio non bis in idem-, a la salud y a la dignidad.

Lo anterior conforme a una serie de señalamientos, acciones y acusaciones que ha vertido la administración de Javier Corral en contra de César Horacio, quien en el año 2017 decidió interponer la queja ante el órgano derechohumanista, y conforme al paso del tiempo aplazaba el expediente con más quejas, que finalmente se resolvió el 9 de junio 2020 con una negativa a lo que exponía.

“Finalizada la investigación, este organismo concluyó que no hay evidencia suficiente para determinar la existencia de alguna violación a los derechos humanos del quejoso, razón por la cual se dictó acuerdo de no responsabilidad a favor de las autoridades a quienes se les atribuyeron las presuntas violaciones a derechos humanos”, refiere el acuerdo publicado en junio del presente año.

En el expediente de César D. J., identificado con el número YR-093/2017, insiste que la autoridad responsables (gobierno del estado), ha tomado acciones que se traducen en una persecución política, ya que constituye una actividad compleja realizada por el estado que involucra la restricción o limitación arbitraria de derechos a los particulares, en contravención del derecho nacional e internacional, mediante el abuso de poder en la utilización de instituciones públicas.

“Enunciaré la violación a mis derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que México es parte, así como en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de la autoridad responsable, en su carácter de servidor público federal, cuando ostentaba el cargo de senador de la República, acciones que fundamentaron su campaña política para obtener la gubernatura del estado de Chihuahua, y ahora, ostentando el cargo de servidor público local sigue actualizando una persecución política en mi contra por el uso indebido del poder, actuando en contra del principio de legalidad y del principio de división de funciones, generando al suscrito una inseguridad jurídica por encontrarme en presencia de una fallido Estado de derecho”, refirió Duarte en su queja.

Del 2016 a la fecha, los abogados del exgobernador adjuntaron evidencia al expediente sobre las declaraciones, acciones y notas periodísticas en las cuales Javier Corral acusaba de delitos sin guardar la presunción de inocencia, ya que incluso lo exhibió como prófugo de la justicia en diversos espectaculares, los cuales fueron retirados a los días.

En un documento de más de 200 hojas, César expuso la forma en que vulneraron sus derechos humanos, a través de medios de comunicación, cateos a sus propiedades, lo cual hizo que se extendiera la resolución de la queja, por tres años, que terminó en una negativa a los hechos que presentó.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya había concedido un acuerdo de no responsabilidad en contra de esta queja, la cual fue impugnada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien pidió reabrir el caso y analizar dos hechos más, que finalmente terminó con la misma resolución.

El visitador ponente de la CEDH, Roberto Felipe Antonio Araiza Galarza, resolvió que no fue suficientemente demostrado evidenciar que se encontrara en peligro su vida, su salud física o síquica, su presunción de inocencia, así como las cuestiones de legalidad que invocó en cuanto al debido proceso, “ya que no presentó evidencia que permitiera establecer que el gobierno, o bien el Poder Judicial del estado, hubiera realizado acciones represivas o maltratos persistentes en su contra por su manera política de pensar diferente a la de las autoridades, o por alguna característica política particular”.

Las más de 43 evidencias, oficios, videos, noticias y demás datos que entregó César Horacio fueron contestadas por el visitador ponente, quien analizó cada una de ellas y refirió el resultado de la misma, las cuales terminaron en una negativa a las peticiones que pretendía demostrar en su contra.

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