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Cuatro grupos del crimen organizado, han acaparado el negocio de la tala clandestina en el estado de Chihuahua, a tal grado que se ha convertido en el segundo negocio ilegal más redituable para estas organizaciones, luego de la red de comercio que han aplicado con empresas formalmente registradas, según las investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado.
A la fecha, la Fiscalía General del Estado, cuantifica un daño medioambiental de por lo menos 26 mil hectáreas, producto de la constante tala de árboles que llevan a cabo los criminales, que han considerado dejan ganancias millonarias a los encargados de cortar los pinos de forma ilegal para su comercialización.
Entre las labores de inteligencia, han identificado a César Daniel M.A. “El H2” y sus hermanos, controlando la región de San Juanito, donde además han registrado aserraderos clandestinos donde reúnen la madera, y los relacionan en diversos homicidios de conductores de camiones, que su único trabajo era trasladar la madera por instrucción de terceras personas.
En la zona de Creel, la Fiscalía General de Estado, ha registrado a Rodolfo Eduardo L.Z. alias “El Edy Zafiro” es quien mantiene una disputa activa en la región de Bocoyna, que de forma constante el grupo de Zafiro “pelean” el municipio al grupo de “Los H´s” que es lo que ha generado los últimos homicidios principalmente en aserraderos.
En otro municipio del estado que cuenta con esta actividad clandestina, se encuentra Francisco Javier A.M. “El Jaguar” en el municipio de Madera, donde además de las actividades de producción, trasiego y venta de droga, ya se encuentran abasteciendo al sector maderero, a través de la tala clandestina.
Dentro de los últimos aseguramientos que realizó la Fiscalía General del Estado, decomisos e investigaciones, también lograron ubicar a Melquiades S.M. “El Chapo Calin” dentro del municipio de Guachochi, donde actualmente se encuentra encabezando este negocio clandestino al igual que los anteriores.
El Cartel de Sinaloa, tiene el mayor control de estos territorios, sin embargo el Cartel de Juárez ha iniciado una campaña de disputa por este comercio clandestino, que a su vez cobra varias vidas de trabajadores principalmente a quienes obligan a trabajar para cualquiera de los dos bandos para seguir con la producción de esta madera.
Según la investigación que ha encabezado la Fiscalía General del Estado, este grupo de criminales, buscan cortar los árboles, llenan los camiones con los denominados “bolillos” o “rollos” y lo resguardan en aserraderos clandestinos o en aquellos que obligan a colaborar con estos grupos armados.
Después de resguardar la madera, la trasladan a algunos municipios, como Delicias, Parral, Chihuahua y Cuauhtémoc principalmente donde la comercializan a bajo costo, al que se concentra en el mercado formal, que lo vuelve atractivo para las empresas formales quienes pueden obtener mayor ganancia producto de esta compra ilegal.
César Augusto Peniche, Fiscal General del Estado, comentó que en tres años que iniciaron con las acciones en conjunto para combatir los delitos contra el medio ambiente, han logrado asegurar a por lo menos 70 camiones cargados con madera ilegal que en el mercado se comercializa en más de 5 millones de pesos.
También han asegurado 10 aserraderos que trabajaban de forma clandestina, han obtenido cinco sentencias condenatorias, y en lo que va de este año, se han iniciado por lo menos 30 carpetas de investigación en contra de presuntos responsables de haber participado en estas labores ilegales en la Sierra Tarahumara.
Semarnat y Profepa sin capacidad de revisión en Chihuahua
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Mabiente (Profepa), no cuentan con la capacidad de atender, revisar y dar seguimiento al delito de tala clandestina, ya que las acciones de prevención e investigación se ha cedido a las autoridades estatales.
Se estima que por lo menos 40 trabajadores de ambas dependencias se encuentran atendiendo la problemática de delitos ambientales en Chihuahua, ya que por la gran presencia de grupos criminales en la Sierra Tarahumara, se reservan a la revisión, investigación y sanción de delitos ambientales.
Además del escaso personal, las oficinas para interponer las denuncias se encuentran lejanas a las comunidades, lo que complica más a las personas a interponer una denuncia por algún abuso en contra del medio ambiente, ya que a través de los medios digitales, no están al alcance de las comunidades de la sierra.
Se estima que en los últimos años, se han perdido más de 26 mil hectáreas de áreas verdes en el estado, por la acción indiscriminada de grupos criminales, que han comenzado a comercializar este recurso natural.
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