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CHIHUAHUA, CHIH., (OEM).- Adeudo por varios millones de pesos, la muerte de más de 200 cabezas de ganado, falta de pago de más de 50 trabajadores y en descuido total se encuentran actualmente las presuntas propiedades del ex gobernador César Duarte, a dos años de ser aseguradas por la Fiscalía General del Estado.
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A partir del mes de enero de 2020 fue que se hizo una intromisión ilegal en las propiedades por parte de un interventor de nombre Jorge Contreras Villarreal y su esposa, quienes tomaron el control de estos bienes y dejaron de atenderlas, a tal grado que en unos meses ya se contabilizó la muerte de más de doscientas cabezas de ganado y podría incrementar la cifra por la desatención que han tenido.
El administrador Hugo Pérez, que fue nombrado en 2018, fue relevado pese a la existencia de un contrato, lo que le restó funciones y atribuciones que lo llevaron a limitar atención a las propiedades del ex mandatario.
A la fecha, en un recorrido realizado por los bienes, lograron apreciar que los animales se están muriendo por falta de agua, comida y suplementación; los pozos han dejado de funcionar y todo el trabajo que se ha realizado desde 2018 ha quedado en vano por la decisión de unos pocos y nadie ha querido atender, pese al riesgo que existe que la defensa vuelva a pedir las propiedades por el descuido que han tenido.
La historia del aseguramiento y desatención de las propiedades de César Duarte Jáquez comenzó cuando la Fiscalía General del Estado aseguró varios ranchos, predios y nogales, por investigaciones relacionadas con actos de corrupción, por lo que se giró la instrucción de que nadie podía ingresar al lugar ni disponer de ellos, pero al encontrarse cientos de animales al interior se buscó la forma de ser atendidos a través de un fideicomiso.
En 2017, la FGE logró la ubicación y aseguramiento de las presuntas propiedades de Duarte en algunos municipios como Villa Matamoros, Balleza, Villa López, Valle de Zaragoza y Camargo, que fueron aseguradas; para el mes de septiembre iniciaron las entrevistas de varios ganaderos, resultando electo Hugo Pérez Robles, quien además era de confianza para la administración de Javier Corral.
Pérez Robles fue invitado a atender las propiedades, invertir dinero en ellas, contratar personal y adquirir todo lo indispensable para “levantar” los ranchos de Duarte, pues todos estaban prácticamente abandonados, a tal grado que los animales estaban muriendo con el paso de los días.
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De octubre a diciembre se realizó un contrato entre el Estado con el ganadero Hugo Pérez Robles, donde acordaron el pago de una cantidad de dinero para la atención de los bienes de Duarte, que incluían alimentación, atención del ganado, potreros, pozos, trabajadores, energía equipamiento y todo lo necesario para la administración de los ranchos, esto a pesar de que hubo un retraso en los pagos, el señor Pérez Robles no dejó de atender los bienes y comenzó a producir ganado y nuez en esa zona.
“Yo hice productivo el rancho de nuevo, hicimos exportación de ganado al extranjero, yo no recibí nada del envío de dinero, sólo facturé mi comisión, por haber hecho la producción; todo el dinero llegó a la Secretaría de Hacienda, de la nuez me dijeron que era improductiva la huerta y les dije que en realidad sí producía, pero que se la estaban robando, volvimos a producir nuez durante todo 2018, trabajamos bien a pesar de algunos detalles”, explicó.
Luego del trabajo y resultados, la Fiscalía General del Estado decidió renovar el contrato de Hugo Pérez por un periodo de enero a diciembre de 2019, a lo que aceptó y siguió produciendo las propiedades, hasta que por cambios de funcionarios y decisiones de Gobierno comenzaron a hacer retrasos en el proyecto.
Luego de la entrada de ambos funcionarios (David y Eduardo) Hugo Pérez tenía que pedirles el dinero a ellos para atender las propiedades, lo que al principio fue de buena manera y con el paso de los meses todo cambió, después ya ni le contestaban las llamadas y muchos menos lo atendían en sus oficinas, y cuando lograba tener comunicación sólo decían que “mañana queda el pago, no te preocupes” y ha pasado casi un año y el día no ha llegado.
Pese a que el Gobierno del Estado no le brindaba recurso para seguir operando e incluso incumpliera con el contrato que habían signado, Hugo Pérez decidió seguir trabajando, ya que el rancho era productivo, hasta que a finales de 2019 e inicios de 2020 le impidieron la entrada a los predios.
“Ya me comenzaron a negar el acceso a los ranchos, a pesar de que yo era el administrador formal y existía un contrato, y fue que después nombraron a un interventor de nombre Jorge Contreras Villarreal, que dice ser conocedor de ganado y es cuando se comienzan a tomar malas decisiones y me restan atribuciones, a pesar del gasto que ya había hecho en el lugar”, comentó.
Hugo Pérez recuerda que en febrero nombraron de forma oficial como interventor a Jorge Contreras, que se levantó un acta, pero que a él no lo despidieron y sólo le restaron atribuciones y funciones; mientras que Hugo hacía recomendaciones para aprovechar el ganado, alimentarlo y seguir produciendo, todos fueron desechadas y fue cuando comenzó a “caer” el ganado.
“De todo tengo informes, cada tres meses envíe informes, le mandé a todos los funcionarios para alertar lo que se podía venir, hasta el gobernador, al fiscal, a todo mundo, y nadie hizo caso y ahora vean lo que está pasando, durante el año 2020 las recomendaciones y señalamientos al mal manejo del ganado eran prácticamente cada semana”, comentó al mostrar la infinidad de imágenes de animales deshidratados, muertos y sin comida por malas decisiones que se habían tomado.
El administrador de los algunos de los bienes de César Duarte dijo que estas acciones derivan de maltrato animal, porque pareciera estar “obligando” a dejar morir los animales de una forma indiscriminada, por lo que en un recorrido lograron evidenciar con imágenes la cantidad de reses que están muriendo porque les quitaron el alimento y agua por un hombre que se autodenomina “experto”.
“Ese joven (Jorge Contreras) se dice un experto y no sé cuánto, pero no sabe cuándo suplementar a los animales, dónde colocarles agua y ahí están los resultados, se les están muriendo en los mismos corrales a lado de los otros animales, esto es un maltrato animal que está permitiendo el Estado”, comentó.
Hugo Pérez ha tenido comunicación directa con el gobernador Javier Corral, con su secretario privado Francisco Muñoz, el secretario particular Roberto Fuentes, el fiscal general César Augusto Peniche, el secretario de Desarrollo Rural René Almeida, el consejero jurídico Jorge Espinoza y una lista de funcionarios más que no han querido atender la problemática, la cual ya se hizo pública en un desplegado publicado el pasado 17 en El Heraldo de Chihuahua.
Destacó que el fiscal César Peniche y el consejero son los únicos que han entendido la situación, pero no les han permitido resolver.
Al momento dice que le adeudan dinero desde el mes de abril por concepto de huertas, ganado, comisiones y otros pendientes, pero también es enfático al decir que los animales no pueden vivir en esas condiciones por decisiones inoportunas de las autoridades.
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