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Las personas que denuncien actos de corrupción dentro del Gobierno Federal recibirán protección gratuita a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y extensiva a familia y amigos.
Según un protocolo presentado por la dependencia ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), las personas que hagan estas denuncias, conocidas en México como “alertadores”, así como su familia y amigos, podrán solicitar sumarse al programa en el que recibirán desde atención médica o psicológica hasta un grupo de guardaespaldas para garantizar su integridad física y emocional.
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En junio de 2019, la dependencia liderada por Irma Eréndira Sandoval presentó la plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, un mecanismo que le permite a cualquier persona denunciar actos de corrupción en cualquier dependencia del sector público.
“La plataforma garantiza en todo momento el anonimato de las alertas, la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad del alertador”, señala la SFP en el sitio de denuncias.
A 16 meses de distancia, la SFP presentó una propuesta de mecanismo para proteger a los denunciantes. La evaluación del riesgo y los sistemas de protección que se implementen serán pagados por el erario. La protección también incluye vigilancia policiaca, reubicación de vivienda, asesoría jurídica, adscripciones a instancias educativas, entre otros aspectos.
En materia laboral, en caso de recibir amenazas de despido o reducción salarial, los individuos podrán ser acreedores a la concesión de licencias con goce de sueldo, trabajar fuera del centro establecido, así como un reacomodo de área para continuar desempeñando sus actividades.
“Las medidas de protección serán proporcionadas bajo el principio de progresividad por lo que la protección será brindada e implementada de manera progresiva y gradual contemplando el impacto que pudiera generar el riesgo en la persona alertadora y teniendo como filtros para brindar medidas de protección los antecedentes del caso, factores de riesgo y la condición de peligro”, dice el documento.
La propuesta de la SFP establece una métrica para evaluar el riesgo en el que está un alertador o su familia, a la que se suman factores de riesgo como la edad, género, orientación sexual, cultura, lengua o algún caso de condición de discapacidad. Para otorgar la ayuda, cada dependencia está obligada advertir los riesgos ante la SFP, haciendo un diagnóstico del peligro que corre el alertador y sus allegados. Posteriormente, una comisión analizará el caso y determinará si existen elementos suficientes para realizar la evaluación de riesgo; en caso contrario, se requerirán mayores pruebas.
El plan de acción será obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo cual se celebrarán convenios de colaboración a través de la SFP.
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