La falta de una política integral o estrategia de gobierno para prevenir y atender la vulneración de la identidad de los usuarios de servicios financieros pone en riesgo a 54 millones de personas en el país, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De acuerdo con una auditoría de desempeño realizada a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la ASF expuso que la población de entre 18 y 70 años es la más vulnerable al robo de identidad para cometer un acto ilícito bancario.
Para mitigar este problema, el organismo propuso que la Cámara de Diputados analice o emita propuestas para tipificar como delito la suplantación de identidad; aunado al cumplimiento de compromisos individuales y conjuntos por parte de las autoridades financieras mexicanas.
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Según la ASF, las acciones de la Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para atender la suplantación de identidad de las personas fueron insuficientes para prevenir o mitigar estos hechos. Si bien estos organismos forjaron alianzas para fortalecer medidas gubernamentales ante el robo de identidad de clientes financieros, con dicha iniciativa no se conformó una política o definieron objetivos ni estrategias para prevenir y combatir este problema.
“La suscripción de las bases de colaboración en materia de suplantación o usurpación de identidad no representó un esfuerzo adicional al desempeño que venían realizando la Condusef y la CNBV para coadyuvar a un marco de colaboración y coordinación para atender la suplantación de identidad”, expuso el documento.
La ASF detalló que las carencias de estos programas fueron porque ambas oficinas registraron deficiencias en el cumplimiento de sus compromisos individuales y conjuntos.
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