“Con amplios antecedentes, el 1° de diciembre 1918, el bloqueo financiero a empresas, la detención de personas, aseguramiento de combustible e inmuebles y la detección del “modus operandi” de huachicoleros, inició. Autoridades federales presumen resultados hasta hoy del plan formalmente lanzado el 20 de diciembre contra el robo de hidrocarburos que implementó el gobierno de México para abatir este delito que dejó a Pemex pérdidas por 60,000 millones de pesos el año pasado: 435 detenciones por tal delito. El Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo; el titular de la Unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto y el subprocurador de Control Regional de Fiscalía General de la República FGR Roberto Ochoa, dieron nuevos resultados sobre las acciones para inhibir este delito. Detectaron tres maneras de operar de las empresas vinculadas al robo de combustible”.
13 empresas ubicadas en Puebla, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Edomex e Hidalgo, dejaron de comprar a la estatal en 2016 y 2017, la mayoría en Tamaulipas. 9 compraban combustible a Pemex y sus ingresos no cuadran con su reporte al Sistema de Administración tributaria SAT. Su volumen de compras no coincide con sus ganancias. De los lava-dinero procedente del robo de combustible a partir operaciones inusuales dentro del sistema financiero, al menos 50 casos se presentarán al MPF. La unidad de inteligencia financiera informó de 5 denuncias en Fiscalía General por vínculos con el robo de hidrocarburos; contra empresas, funcionarios locales y federales. Una persona operó recursos por $40.8 millones. Empresario manejó recursos por aproximadamente $80 millones. Un exdiputado local y 2 personas físicas operaron recursos por más de $332.3 millones. Un exfuncionario de Pemex y dos personas físicas, manejaron recursos por $14.9 millones. Expresidente municipal, una persona física y 4 empresas operaron $124.8 millones, sin enterar al fisco.
Empresas con cuentas bancarias bloqueadas, tuvieron ingresos por $86,961 millones, de estos, 6,758 millones no se reportaron al SAT. En la mira de Hacienda hay 114 personas, por analizar más de 8,482 y podrían incrementarse los casos con operaciones irregulares detectadas. Esto prendió la alerta sobre posibles vínculos con el robo de combustibles. Las acciones en contra de huachicoleros dejaron 435 detenidos con 11 sentencias en 27 estados; Edomex e Hidalgo. Números: 1,831 carpetas de investigación; 435 detenidos, 165 a disposición de autoridades. 11 sentencias de hasta 10 años. Se neutralizaron 1,021 tomas clandestinas, asegurando hidrocarburos en Tabasco, Hidalgo y Edomex, sustraídos por la delincuencia. Se recuperaron 4,321,088 litros de combustible; 2,605,136 se devolvieron a Pemex desde el 1° de diciembre y 465,121 litros de gas licuado de petróleo. Se aseguraron pipas y más; inmuebles y recipientes de almacenamiento. Saneadas las Arcas de la nación, recuperado lo saqueado, los apoyos al adulto mayor desde los 65 años serían puntuales y el estado no tendría que recurrir al agobio de las clases populares con impuestos desproporcionados.
Lo dijo AMLO: “No hay adultos mayores a medias” y este miércoles; frente al Congreso local UNE-MAS/Conessen, recabó “el censo de excluidos, discriminados y desechados” que se enviará al presidente, refiriéndole a los adultos de 60 a 67 años afectados. Exhibieron pancartas alusivas: “Detrás de cada adulto mayor en las calles, hay miles de miserables en las casas”; “Diputados ¡salgan de su burbuja de cristal y vivan la realidad”. Al día siguiente, como sucede hace 7 años, afuera del edificio recaudador, continúa el movimiento de resistencia pacífica, invitando a la gente a pagar sólo $424.14 por derecho vehicular, en base al 5% incrementado al salario mínimo; a diferencia de $1,931 que fijó una ley secundaria. La SHCP estatal se niega a reconocer su aportación, como pago único total.
Ante la sordera y ceguera crónicas del ejecutivo y la mayoría congresista; los contribuyentes puntuales aportan lo que su limitada economía les permite. Les ampara el espíritu Constitucional, homologado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; “nadie está obligado a pagar más de lo posible”.
