/ jueves 31 de marzo de 2022

Fuera de Agenda | Ayotzinapa: huella narco-contrainsurgente

“No tengo nada que esconder, no he cometido nada, así que va por delante mi prestigio”, decía a las cámaras de televisión en el otoño del 2015 el entonces secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, a pregunta sobre sobre la solicitud del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que comparecieran militares que estuvieron al tanto de lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

Siete años después, con el prestigio en entredicho por su detención en Estados Unidos acusado de presuntos vínculos con el narco que ameritó una operación diplomática de alto nivel para liberarlo y deportar a México, el general Cienfuegos aparece junto al entonces secretario de Marina Vidal Soberón, el procurador Jesús Murillo Karam, el jefe del Cisen Eugenio Imaz Gispert entre otros funcionarios, como actores centrales en “la simulación” de la llamada “verdad histórica” fraguada para ocultar lo que pasó cuando fueron desaparecidos los 43 estudiantes.

Aquella noche el Ejército tenía en curso dos operaciones de inteligencia: una era en seguimiento de las acciones del narco en la zona, y otra sobre la movilización de los normalistas para asistir a la marcha de aniversario por el 2 de octubre de 1968.

Entre los elementos más relevantes del tercer informe dado a conocer el lunes 28 de marzo por el GIEI, destaca que las dos líneas se unen a partir de la intercepción de comunicaciones que en 2021 fueron desclasificadas de archivos militares. Entre la información que no se conocía está la participación directa de integrantes del 27 batallón en el sistema de vigilancia C-4. La noche de los hechos manejaron las cámaras, recibieron denuncias e informaciones ciudadanas de lo que ocurría. Quienes ahí estaban eran parte de los servicios de inteligencia militar, y transmitieron toda la información que recibían a sus superiores. Pese a ello no aportaron ninguna información relevante en sus primeras declaraciones. Los hechos nunca fueron comunicados a las autoridades competentes de la investigación, y éstas no indagaron sobre ello.

La operación contra el narco documentando a través de mensajes en Formato Criptográfico Arcano (FCA) –un sistema computarizado de envío de comunicaciones encriptadas que solo pueden leer quienes cuentan con las claves de inteligencia militar—monitoreaba el tráfico de heroína elaborada en Tlacotepec que salía en autobús de línea rumbo a Chicago, Illinois.

Donde la operación antinarco se une con la contrainsurgencia es cuando interviene el Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI), encargado de analizar la información que se genera sobre grupos guerrilleros. El informe del GIEI subraya que los estudiantes estuvieron vigilados con semanas de antelación, minuto a minuto el día de la agresión, y extrañamente los reportes cesan cuando la policía municipal entrega a los jóvenes a presuntos integrantes de la delincuencia organizada. “¿Cómo y por qué el seguimiento se paró cuando ocurría la desaparición de los estudiantes?”, cuestionaron.

La participación de elementos de la secretaría de Marina, de los que no había registro hasta el momento, es un episodio que merece un análisis aparte. ¿Qué hacían en el basurero de Cocula donde después se “encontraron” restos de uno de los estudiantes?

“No tengo nada que esconder, no he cometido nada, así que va por delante mi prestigio”, decía a las cámaras de televisión en el otoño del 2015 el entonces secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, a pregunta sobre sobre la solicitud del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que comparecieran militares que estuvieron al tanto de lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

Siete años después, con el prestigio en entredicho por su detención en Estados Unidos acusado de presuntos vínculos con el narco que ameritó una operación diplomática de alto nivel para liberarlo y deportar a México, el general Cienfuegos aparece junto al entonces secretario de Marina Vidal Soberón, el procurador Jesús Murillo Karam, el jefe del Cisen Eugenio Imaz Gispert entre otros funcionarios, como actores centrales en “la simulación” de la llamada “verdad histórica” fraguada para ocultar lo que pasó cuando fueron desaparecidos los 43 estudiantes.

Aquella noche el Ejército tenía en curso dos operaciones de inteligencia: una era en seguimiento de las acciones del narco en la zona, y otra sobre la movilización de los normalistas para asistir a la marcha de aniversario por el 2 de octubre de 1968.

Entre los elementos más relevantes del tercer informe dado a conocer el lunes 28 de marzo por el GIEI, destaca que las dos líneas se unen a partir de la intercepción de comunicaciones que en 2021 fueron desclasificadas de archivos militares. Entre la información que no se conocía está la participación directa de integrantes del 27 batallón en el sistema de vigilancia C-4. La noche de los hechos manejaron las cámaras, recibieron denuncias e informaciones ciudadanas de lo que ocurría. Quienes ahí estaban eran parte de los servicios de inteligencia militar, y transmitieron toda la información que recibían a sus superiores. Pese a ello no aportaron ninguna información relevante en sus primeras declaraciones. Los hechos nunca fueron comunicados a las autoridades competentes de la investigación, y éstas no indagaron sobre ello.

La operación contra el narco documentando a través de mensajes en Formato Criptográfico Arcano (FCA) –un sistema computarizado de envío de comunicaciones encriptadas que solo pueden leer quienes cuentan con las claves de inteligencia militar—monitoreaba el tráfico de heroína elaborada en Tlacotepec que salía en autobús de línea rumbo a Chicago, Illinois.

Donde la operación antinarco se une con la contrainsurgencia es cuando interviene el Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI), encargado de analizar la información que se genera sobre grupos guerrilleros. El informe del GIEI subraya que los estudiantes estuvieron vigilados con semanas de antelación, minuto a minuto el día de la agresión, y extrañamente los reportes cesan cuando la policía municipal entrega a los jóvenes a presuntos integrantes de la delincuencia organizada. “¿Cómo y por qué el seguimiento se paró cuando ocurría la desaparición de los estudiantes?”, cuestionaron.

La participación de elementos de la secretaría de Marina, de los que no había registro hasta el momento, es un episodio que merece un análisis aparte. ¿Qué hacían en el basurero de Cocula donde después se “encontraron” restos de uno de los estudiantes?