/ sábado 26 de octubre de 2019

Diferencia fatal

A Cruz Soto Caraveo y familia -y tantos más- les desplazó en 2014 de su comunidad Monterde, el crimen organizado. Se integró al Colectivo local de familias desplazadas bajo amenaza de muerte. 5 años exigió la detención de los delincuentes; nadie logró nada. Todo este tiempo vivió en pobreza extrema. Una autoridad serrana le aconsejó volver a su rancho “El manzano”, comunidad bajo medidas cautelares de la CIDH; “que estaba sólo y toneladas de Manzana listas para comercializar”. Fue la trampa. El sábado 12 de octubre salió a Temoris; el domingo 13 se reunió con la secretaría de agricultura y Desarrollo rural federal. Después, él y otro salieron en vehículo a “Los Llanos”. En el trayecto un grupo armado los detuvo; a Cruz lo esposaron y llevaron con rumbo desconocido. El mismo día, ong´s locales notificaron su desaparición. El domingo 20 se le encontró salvajemente torturado, muerto. La misma noche fue velado en Chihuahua y sepultado el lunes 21.

Si la Fiscalía desplegó el operativo tierra/aire para encontrar muerto a Cruz, ¿cuántas acciones más implementó en los 5 años que Cruz Soto exigió justicia? quizá se hubiera ubicado, detenido o al menos ahuyentado la célula armada del cártel de Sinaloa; conformada -dijo- por gente nueva, presuntamente comandada por “el chueco”; con presencia permanente en la baja tarahumara. Se habría sentado precedente; tal vez, Cruz y otros vivirían; muchos habrían regresado a sus tierras. Pero la infiltración, capacidad operativa y de armamento hace abismal diferencia entre buenos y malos. Aquí mismo se atenta contra policías. El pasado 10 de octubre en pleno centro fue asesinado Enrique Alberto Herrera de la Secretaria de Cultura local, defensor de lenguas indígenas; presunto móvil, el robo de su auto.

Nadie está a salvo en el país. Erik Castillo de 46 años, fotógrafo chiapaneco, colaborador de Discovery Channel, vacacionaba con su esposa en Acapulco; fue asesinado de un tiro en la cabeza por uno del grupo que les abordó en un estacionamiento comercial el 12 de septiembre. En el actual régimen, van ya, 15 periodistas y 24 defensores asesinados. Cencos, Periodistas desplazados México y ONU-DH exigen justicia. 55% de presuntos perpetradores de agresiones a defensores de DH y periodistas son servidores públicos y su entorno de subordinados fascistas. Urge, erradicar la impunidad, dictaminó el alto comisionado de la ONU México. El mecanismo protector es limitado; personal y presupuesto insuficiente; faltan medidas atenuantes; persiste una campaña contra el quehacer de defensores de DH y periodistas. Son sólo algunas de las 104 observaciones coincidentes en 147 entrevistas a analistas en la materia. Evidenciaron la mayor debilidad del mecanismo creado en 2012; se desvalora la labor del gremio periodístico y defensores de DH. Se requiere concientizar a la sociedad en general.

Detalló focos rojos para comunicadores en: Tamaulipas, Veracruz, Cd de México y Quintana Roo. La alerta roja para defensores de DH está en: Cd de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Edo-Méx. Es prioridad prevenir, investigar y sancionar los ataques; erradicar la impunidad es esencial. Se requiere de una protección más integral; primero prevención, segundo intervención e interlocución política cuando las amenazas provienen de servidores públicos. En 18 estados aun no cuentan con Unidad Estatal de Protección; urge que las 32 entidades tengan su propio mecanismo. Plantea además realizar un encuentro anual con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). México figura de nuevo entre los más peligrosos para periodistas y defensores; la tarea de silenciarlos socaba la democracia.

Semáforo delictivo, proyecto social ciudadano para la paz en México, alerta que, al cierre, 2019 podría ser el peor de los últimos años. A la fecha son 25,890 las víctimas por homicidio. 19 estados registraron incremento: Nuevo León 54%, Sonora 42%, Morelos 40%, Hidalgo 36% y Edomex 18%. La tasa de homicidios disminuyó en estados como: Yucatán, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, y Durango. Por el contrario, la misma tasa aumentó en; Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato y Morelos.

A Cruz Soto Caraveo y familia -y tantos más- les desplazó en 2014 de su comunidad Monterde, el crimen organizado. Se integró al Colectivo local de familias desplazadas bajo amenaza de muerte. 5 años exigió la detención de los delincuentes; nadie logró nada. Todo este tiempo vivió en pobreza extrema. Una autoridad serrana le aconsejó volver a su rancho “El manzano”, comunidad bajo medidas cautelares de la CIDH; “que estaba sólo y toneladas de Manzana listas para comercializar”. Fue la trampa. El sábado 12 de octubre salió a Temoris; el domingo 13 se reunió con la secretaría de agricultura y Desarrollo rural federal. Después, él y otro salieron en vehículo a “Los Llanos”. En el trayecto un grupo armado los detuvo; a Cruz lo esposaron y llevaron con rumbo desconocido. El mismo día, ong´s locales notificaron su desaparición. El domingo 20 se le encontró salvajemente torturado, muerto. La misma noche fue velado en Chihuahua y sepultado el lunes 21.

Si la Fiscalía desplegó el operativo tierra/aire para encontrar muerto a Cruz, ¿cuántas acciones más implementó en los 5 años que Cruz Soto exigió justicia? quizá se hubiera ubicado, detenido o al menos ahuyentado la célula armada del cártel de Sinaloa; conformada -dijo- por gente nueva, presuntamente comandada por “el chueco”; con presencia permanente en la baja tarahumara. Se habría sentado precedente; tal vez, Cruz y otros vivirían; muchos habrían regresado a sus tierras. Pero la infiltración, capacidad operativa y de armamento hace abismal diferencia entre buenos y malos. Aquí mismo se atenta contra policías. El pasado 10 de octubre en pleno centro fue asesinado Enrique Alberto Herrera de la Secretaria de Cultura local, defensor de lenguas indígenas; presunto móvil, el robo de su auto.

Nadie está a salvo en el país. Erik Castillo de 46 años, fotógrafo chiapaneco, colaborador de Discovery Channel, vacacionaba con su esposa en Acapulco; fue asesinado de un tiro en la cabeza por uno del grupo que les abordó en un estacionamiento comercial el 12 de septiembre. En el actual régimen, van ya, 15 periodistas y 24 defensores asesinados. Cencos, Periodistas desplazados México y ONU-DH exigen justicia. 55% de presuntos perpetradores de agresiones a defensores de DH y periodistas son servidores públicos y su entorno de subordinados fascistas. Urge, erradicar la impunidad, dictaminó el alto comisionado de la ONU México. El mecanismo protector es limitado; personal y presupuesto insuficiente; faltan medidas atenuantes; persiste una campaña contra el quehacer de defensores de DH y periodistas. Son sólo algunas de las 104 observaciones coincidentes en 147 entrevistas a analistas en la materia. Evidenciaron la mayor debilidad del mecanismo creado en 2012; se desvalora la labor del gremio periodístico y defensores de DH. Se requiere concientizar a la sociedad en general.

Detalló focos rojos para comunicadores en: Tamaulipas, Veracruz, Cd de México y Quintana Roo. La alerta roja para defensores de DH está en: Cd de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Edo-Méx. Es prioridad prevenir, investigar y sancionar los ataques; erradicar la impunidad es esencial. Se requiere de una protección más integral; primero prevención, segundo intervención e interlocución política cuando las amenazas provienen de servidores públicos. En 18 estados aun no cuentan con Unidad Estatal de Protección; urge que las 32 entidades tengan su propio mecanismo. Plantea además realizar un encuentro anual con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). México figura de nuevo entre los más peligrosos para periodistas y defensores; la tarea de silenciarlos socaba la democracia.

Semáforo delictivo, proyecto social ciudadano para la paz en México, alerta que, al cierre, 2019 podría ser el peor de los últimos años. A la fecha son 25,890 las víctimas por homicidio. 19 estados registraron incremento: Nuevo León 54%, Sonora 42%, Morelos 40%, Hidalgo 36% y Edomex 18%. La tasa de homicidios disminuyó en estados como: Yucatán, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, y Durango. Por el contrario, la misma tasa aumentó en; Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato y Morelos.