“Quienes critican al presidente por no combatir fuego con fuego e intentar rescatar a los jóvenes de la delincuencia organizada con distintos programas sociales, el desafortunado suceso en Cerocahui les descalifica. Desearían quemar vivo en la hoguera al delincuente fruto de una sociedad enferma, considerándolo indigno del respeto a sus derechos humanos, algo que ni siquiera sus piadosas víctimas QEPD aprobarían”.
Septiembre de 2016, Javier Corral aseguró que narcotráfico y violencia en Chihuahua tenían mínimos históricos. Patricia Mayorga compañera de viaje lo evidenció en la Revista Proceso del 23 del mismo mes y año: “El discurso oficial asegura que en Chihuahua violencia y narcotráfico se ubican en mínimos históricos; en todo caso la inseguridad mutó y se mudó pues hoy, los Cárteles de la droga pelean por el territorio; se ensañan con los indígenas de la región asesinándolos a mansalva, despojándolos de sus tierras; violan mujeres, amenazan y extorsionan. Autoridades locales coludidos con pistoleros. Fuerzas federales atienden apenas el problema. En los últimos dos años aumentaron la siembra y producción de amapola; los grupos delictivos han obligado a Rarámuris, Guarijíos, Pimas y Tepehuanes al éxodo hormiga silencioso”.
“Les quitan sus tierras. Son acosados por agentes municipales contratados por los ayuntamientos. La Comunidad El Churo en Urique denunció a la Fiscalía de Cuauhtémoc hostigamiento y extorsión de policías municipales. Los detienen con pretextos; les cobraban más de $4,000; si no aceptan los arrestaban. Cansados los pobladores, con apoyo de la Cosyddhac (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC) denunciaron los hechos; los responsables recurrieron a represalias. Por la falsa realidad discursiva de paz en la entidad, familias de Urique, Batopilas, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Chínipas, Maguarichi, Guachochi y Bocoyna se dispersan por el estado a trabajar en huertas, campos de cultivo legal o la construcción; otras resisten las invasiones, obligadas a sembrar mariguana y amapola o cuidar ganado robado. Por defenderse, cinco líderes indígenas de Urique y Guadalupe y Calvo fueron asesinados. En reuniones con indígenas en varias regiones de la Tarahumara, visitas en casi dos años a asentamientos y huertas en varios municipios, se recabaron testimonios de temor a ser asesinados y de dolor por su bosque que muere en manos de narcos y megaproyectos”.
La situación alcanzó reacciones por el decomiso de droga. El 6 de septiembre de 2017 “el chueco” ordenó atacar la comandancia policial de Urique. Resultaron dos agentes heridos. El 28 de octubre de 2018 en Urique, “el chueco” asesinó al alpinista Patrick Braxton; Cruz Soto Caraveo fue desalojado con su familia a la fuerza. Por engaños de la autoridad en Témoris, regresó sólo a sus tierras el 13 de octubre. Fue secuestrado, torturado y encontrado muerto en Los Llanitos Guazapares el día 19.
Finales de abril pasado la fiscalía y la Semar escudriñaron Chínipas y Urique buscaban al chueco líder de “gente nueva” aliada a “los Salazar” jefes criminales de Guazapares y Chínipas, brazo armado del cártel de Sinaloa operante en San Rafael, Cerocahui, Bahuichivo, Ciénega de los Trejo y Mesa de Arturo. Siembra amapola, mariguana; sus halcones les previenen de la vigilancia. La primera operación al salir de Bahuichivo a Cerocahui ubicó gente armada en tres pick-up. Detuvieron dos; una tercera huyó (y tal vez el chueco) Detenidos, un menor de 16 y otro de 29 con una secuestrada. Decomisaron dos armas largas AK-47 y una corta. En Urique aseguraron 65 fusiles, 16 pistolas cortas, granadas, cientos de cargadores, media tonelada de narcóticos, 17,871 cartuchos de distinto calibre.
Julio Morales Quiñones | Jubilado y activista
