“La FGR confirmó 70 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, tortura y desaparición forzada pendientes de ejecutar contra ministerios públicos, miembros de la desaparecida policía federal y militares. Padres y familiares de los normalistas exigen agilizar esta acción. Sigue solicitándose la extradición de Tomás Zerón refugiado desde 2020 en Israel. La Defensa Nacional, a petición del GIEI entregó mucha información sobre los 27 y 35 batallones de infantería de Iguala. Puso a disposición de la Comisión presidencial y MP a los elementos del 27 Batallón para declarar; reiteró iniciados algunos procesos penales. Hay 34 detenidos entre delincuentes, policías municipales, federales ministeriales, agentes del MP y ex-policías federales. Entre los 80 detenidos no se menciona aún a elementos militares”.
Cerca de cien estudiantes de entre 17 y 25 años salieron de Ayotzinapa el viernes 26 después de las 18 horas; llegaron a Iguala pasadas las 21; retuvieron los autobuses necesarios para seguir a Cd de México. Según el Centro Pro-Juárez de derechos humanos, la retención y uso temporal de unidades de transporte público era habitual; avalada incluso por autoridades y empresas. Más tarde policías estatales, municipales y gente fuertemente armada de chalecos antibalas, cerraron en 2 puntos a la salida de Iguala, el paso a las 5 unidades con estudiantes a bordo y los regresaron al centro de Iguala. Cuando varios estudiantes megáfono en mano denunciaban el hecho fueron baleados junto a maestros y reporteros que escuchaban; todos buscaron refugio en colonias aledañas. Entre 23:30 y 24:00 el ataque más feroz lo encabezaron el ejército y la policía judicial federal contra los Normalistas se dio en centro de Iguala. Varios jóvenes quedaron tirados bajo la lluvia. El testigo no mintió. Nunca estuvieron en el basurero de Cocúla. “No tenemos armas, somos estudiantes, ayúdenos”; son gritos grabados del trágico suceso en vídeos, por otros estudiantes en sus celulares. Peña Nieto Comandante supremo se opuso a que el GIEI entrevistara al ejército. 8 años antes, gobernaba el estado de México; fue él quien ordenó la violenta acción policial contra ejidatarios de Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.
Nexquipayac, Santa Cruz de abajo, San Felipe y Atenco se manifestaron contra el proyecto de construir en sus tierras, el Aeropuerto de Texcoco. Fox ordenó bloquear las vías principales del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Peña, gobernador del estado de México ordenó el operativo represivo en Atenco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia en abril de 2008; la elevó a la Corte y ésta juzgó y sancionó a responsables materiales e intelectuales del operativo policial: por detención ilegal y arbitraria de 11 mujeres. Ordenó al estado mexicano investigar a fondo los hechos con perspectiva de género, incluidas las formas de responsabilidad federal y estatal. Se generaron 5 detenciones arbitrarias, 6 abusos sexuales, tortura; violaciones al Derecho a la vida, derechos de menores, derecho a la legalidad, allanamiento de morada, incomunicación, retención ilegal, trato cruel, degradante e inhumano.
A 53 años de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco no hay responsables. Agentes de gobierno encubiertos y miembros del ejército abrieron fuego contra una protesta estudiantil pacífica. Los reportajes refirieron decenas de manifestantes asesinados. Su significado histórico supera la conmemoración de víctimas de la violencia estatal o la lucha por la democracia. El evento más genuino que tenemos transformó nuestra historia. Fue un cambió irreversible entre sociedad y estado. El 68 nos llama a no olvidarlo.
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